A Decir Verdad Espacio de reflexión histórica y política

29Ago/170

Mapuches, un chiste electoral

Por José Benegas

En la alocada conversación entre Jorge Lanata y un supuesto cacique mapuche (Facundo Jones Huala) se perdieron varios detalles, porque en la Argentina las noticias son espectáculo y el espectáculo requiere un avance de la línea dramática, sin distracciones.

En este caso, el cuento de que enfrentamos una lucha armada de reconquista por parte de los mapuches, perdidos en la historia, pero no en la historieta. Los detalles son los siguientes:

1) El personaje llamado Jones Wallace (nombre arquetípico de las tribus escocesas) aclaró que no está reclamando territorio alguno, sino que quiere tierras para cultivo, pero solamente las de los “ricos”.

2) Su programa marxista no tiene nada que ver con pueblos primitivos autóctonos.

3) Su programa nacionalista –la expulsión del señor Benetton−, tampoco tiene que ver con la historia de esos pueblos autóctonos.

4) El grupo político mayor que dice representar a pueblos primitivos, recibe dinero del Banco Mundial. A esto último sumémosle la reforma constitucional del 94 y la legislación consecuente, así podremos comprender que es todo un invento “occidental”, jugando con la historia para seguir configurando un estado asistencialista y victimizante, a costa de los derechos de todos.

A este cacique tan básico le preocupan nada más que las tierras que pertenecen a los “capitalistas”, los “latifundios” y la presencia de empresas petroleras. La mejor pregunta de Lanata quedó como perdida, fue cuando el personaje hablaba de obtener energía de los cocos. Sí, de los cocos en la Patagonia. Ahí Lanata le preguntó con qué capital producirían, dado que esa es una restricción común para mapuches, escoceses parientes del entrevistado, japoneses y jíbaros por igual. El capital se forma cuando se respeta la propiedad, siendo la principal preocupación de este grupo, abolirla.

Quién haya inventado sacar este tema en este momento ha obtenido un éxito rotundo, porque dadas las ideas políticas que prevalecen y el lugar que la victimización marxista y nacionalista tiene en todos los debates, nadie parece tener los elementos para ponerse frente a gente que ataca a “los ricos”, invoca haber sido oprimida, se llama a sí misma “comunidad” y se disfraza convenientemente cuando es necesario. Les mencionan al señor Benetton, que es “extranjero” y “exitoso” y eso equivale al mal en estado puro para todos los que consumen medios de comunicación, a pesar de que el mencionado señor ingresó sus millones para que le dieran esos campos y no se los robó a nadie. En esa sopa surge una “identidad” que genera derechos. Algo que, si les interesara, encontrarían resuelto por la tradición constitucional del país, sobre todo la Constitución de 1853, que consagra derechos individuales, no solo para los nacidos en el país, sino para cualquier persona del mundo que quiera habitar el suelo argentino, inclusive mapuches por supuesto.

En ese contexto, cualquiera puede formar una “comunidad”, adquiriendo tierras de modo pacífico, para instalar incluso un parque de diversiones identificándose con lo que tengan ganas.

Tampoco interesa, como muchos argumentos, si los mapuches eran “chilenos”, lo que parece ser un anacronismo parecido al que estos grupos quieren usar en su favor. Los chilenos también gozan de derechos de propiedad, si la adquieren de la misma manera que todos los demás.

El cuento es que esta gente tiene derechos “ancestrales”. Aquí es donde el marxismo ingresa falsificándolo todo con fines de agitación. Los ancestros no transmiten derechos históricamente, sino a través de procesos sucesorios. Todos recibimos de nuestros antepasados los bienes que tenían al momento de su fallecimiento. De manera que los miembros de cualquier club como éste también pueden acudir a los tribunales, demostrando la correcta concatenación de títulos, igual que cualquier hijo de vecino, para ingresar determinados derechos a su patrimonio.

Estos movimientos políticos en cambio quieren llevar su argumentación a una posición irrefutable, por eso discuten que el razonamiento que acabo de hacer es “occidental” (tanto como el marxismo, por supuesto), cuando ellos pretenden un reconocimiento que también es occidental ¿Cuál es la alternativa a un reconocimiento “occidental” de derechos pacíficamente adquiridos a través de una sucesión de títulos? Pues la guerra, algo que han perdido. No ellos, unos antepasados que nadie comprueba que sean reales. Aquellos verdaderos protagonistas de la historia no están acá para reclamar nada.

No hay siquiera un esfuerzo para demostrar cuál era el modo “mapuche” de adquirir tierras, por eso recurren al subterfugio de “indigenizar” al marxismo, mediante la abolición de la propiedad privada. Si las tierras no les pertenecen en forma privada, querría decir que les pertenecerían de forma pública, lo que los llevaría a reemplazar al Estado, es decir ejercer una “soberanía”. Lo que estarían reclamando no es “tierra” sino soberanía, derecho a gobernar. Para eso tendrían que someter a la población actual y constituirse en un linaje, como bien le indicó Lanata.

La soberanía no es derecho de propiedad, es un completo facto político que se dirime mediante ejércitos, pero aun venciendo, nada les daría derecho a violar los derechos sí adquiridos pacíficamente por sus actuales titulares, aunque les suene a ellos muy occidental.

En primer lugar, estos grupos deberían explicitar cuál es el modo pacífico de transmitir bienes según su “nación”. Si el único medio es la violencia, ya han perdido y si lo vuelven a intentar se les debe responder. El estado argentino tampoco tiene derecho a expropiar tierras a su dueño para dárselas a los supuestos “pueblos originarios”, en tanto el derecho de propiedad antecede al Estado, que se limita a reconocerlo, y el mecanismo de expropiación está limitado a causas de “utilidad pública”. La conveniencia de un grupo racial no entra en ese concepto.

¿Qué derecho tiene alguien por tener antepasados mapuches? Ninguno. Pueden adquirir y perder tierras individualmente o como grupo, de la misma forma que todos, pagando por ellas. Como entidad política los mapuches no existen más. La genética no da derechos, la transmisión de títulos sí, pero hasta eso tiene un límite que es el de la prescripción adquisitiva o usucapión.

Si a mi bisabuelo le hubieran usurpado unas tierras veinte años atrás y yo no hubiera hecho ningún reclamo, perdería todo derecho ¿Qué es lo que hace que unas personas que dicen descender de habitantes del territorio que fueron despojados siglos atrás, cuyo parentesco ni siquiera demuestran a través de los respectivas actas de nacimiento y demás, invocando nada más que un color de piel, tengan mejor derecho que yo por hechos acontecidos veinte años atrás, con todos los documentos a mi favor? Pues la capacidad manipulatoria de la política y los incentivos que da el estado izquierdista que tiene como clientes a todas las víctimas, reales o ficticias, que le sirvan para expandirse.

Distinto es el caso de grupos que han mantenido de un modo continuo una identificación con aquella historia y que aún habitan determinadas zonas. Parece un buen gesto que el estado les reconozca su situación y básicamente que no los moleste, dado que no están en conflicto con derechos ajenos, pero estos mapuches marxistas que reclaman propiedades, no tienen derecho alguno como tales y menos con ese marco conceptual. El marxismo no provee derechos de propiedad, sino que los conculca.

Fuente: Infobae

24Ago/173

Subsidios: las cifras de Schiaretti para meter a Cambiemos en el brete

Por Adrián Simioni

Juan Schiaretti ya tiene en su escritorio el detalle de los subsidios nacionales a servicios públicos que privilegian a Buenos Aires. Según las planillas del gobernador, son 92.394 millones de pesos que, en el último año y medio, el Gobierno nacional volcó sobre porteños y bonaerenses por encima de lo que les hubiera correspondido si el gobierno de Cambiemos tratara por igual a todos los demás ciudadanos del país, que viven en los restantes 22 distritos.

Es la primera piedra de una guerra de cifras que promete ocupar buena parte de la campaña electoral hasta octubre. Unión por Córdoba apunta a poner en un brete a los cordobeses de Cambiemos, que deberán dividirse entre su apoyo al gobierno de Mauricio Macri y la defensa de la equidad fiscal.

Schiaretti trae esta cifra a cuento porque la gobernadora de Buenos Aires y figura clave del macrismo, María Eugenia Vidal, fue a la Corte Suprema a reclamar que se anule el tope legal al llamado Fondo del Conurbano que cede una parte del Impuesto a las Ganancias a Buenos Aires. Vidal tiene grandes argumentos. Ese fondo, que se había armado para compensar a Buenos Aires por su escasa porción de la coparticipación impositiva, termina siendo ultrabeneficiario para las demás provincias, dado que lo que excede al tope que se dispuso años después de crearse el fondo, se reparte entre los demás gobernadores. Es el origen del drama.

Schiaretti dice que, si se elimina el tope, y Provincia de Buenos Aires (PBA) recupera la totalidad del Fondo del Conurbano, entonces Córdoba dejará de recibir un monto que este año será de 7.000 millones de pesos. El gobernador cordobés también ha sostenido que él entiende el argumento de Buenos Aires porque es cierto que esa provincia se perjudica en la coparticipación y necesita ser compensada, pero que entonces hay que incorporar a las cuentas otro enorme beneficio que recibe la provincia de Vidal: los monumentales subsidios a servicios públicos que la Nación vuelca básicamente sobre Ciudad de Buenos Aires (Caba) y el conurbano bonaerense, los veintitantos partidos de esa provincia que rodean a la Capital y que aloja a un cuarto de la población del país.Los 92 mil millones de los que habla Schiaretti vienen envenenados, como siempre sucede en las discusiones políticas, en particular si se dan en tiempos electorales.

Segundo, el monto total de los subsidios nacionales disminuyó levemente. Según la planilla de El Panal, las subvenciones que van Caba y PBA equivalieron a junio a sólo 35 por ciento de las que fueron allí en todo 2016 (también se achicaron las que van al resto del país, que equivalen al 27,1 por ciento). Si el año termina con una reducción general de subsidios, el monto absoluto en beneficio de Buenos Aires (y por ende el dinero a considerar en el toma y daca que propone Schiaretti) también disminuirá.

Tercero, los métodos administrativos y contables de la Nación hacen imposible distinguir cuánto dinero de esos subsidios privilegian a los porteños (7% de la población argentina), cuánto a los habitantes del conurbano (25% del país aproximadamente) y cuánto a los bonaerenses del interior (14% aproximadamente).

Es obvio que casi todo va a porteños y a conurbanitas, porque los subsidios que desde siempre privilegian a esa zona (y que en 12 años el kirchnerismo agrandó hasta un récord) terminan yendo ahí porque la Nación administra en forma directa servicios públicos que en otros distritos están a cargo de gobernadores e intendentes.

Entonces, cuando llega la hora de poner la cara para decidir aumentos tarifarios de servicios públicos como la distribución eléctrica, el agua, el transporte de media distancia o el colectivo urbano, a gobernadores e intendentes no les queda otra que dar aumentos. En cambio, los presidentes pueden apelar al enorme presupuesto nacional para “bancar” los servicios públicos de esa área.

En ese marco, el beneficio en exceso de 92 mil millones de la que habla Schiaretti no distingue entre Caba, conurbano y el resto de Buenos Aires. Pero, suponiendo que los subsidios beneficien a porteños y bonaerenses por igual, entonces el “exceso” puede repartirse: 78 mil millones fueron a bonaerenses en este último año y medio y 14 mil millones fueron a porteños en el mismo lapso.

Y, en el primer semestre de este año, 25 mil millones fueron a bonaerenses y 4.600 millones fueron a porteños.

¿Los bonaerenses terminarán 2017 con privilegios en subsidios extraordinarios por 50 mil millones (25 mil millones del primer semestre multiplicados por dos)?

Tal vez sea esa la cifra a considerar y no los 92 mil originales de los que habla el gobernador.

¿Cuáles son los subsidios más inequitativos? El peor es sin duda el del agua. Buenos Aires está sobre uno de los estuarios de agua dulce más grande del mundo mientras buena parte de la población del resto del país bebe agua con arsénico. Pese a eso, la Nación financió a la ineficiente y sospechada de corrupción Aysa (la distribuidora de agua del Gran Buenos Aires que estatizó el kirch­nerismo) con más de 21 mil millones de pesos en el último año. Equivale al 14 por ciento de todo el dinero recibido en subvenciones por las 22 provincias restantes para todos los servicios públicos.

El peor segundo es el subsidio a los ferrocarriles de pasajeros, por la sencilla razón de que él único lugar en el que existen es Gran Buenos Aires. Los demás miran de afuera. En el último año y medio fueron 47 mil millones de pesos, según el excel de Schiaretti.

Uno podría pensar que el privilegio de los trenes se compensa con las subvenciones al transporte colectivo, un servicio más extendido en el país. Pero no. Según Schiaretti, los colectivos de Caba y PBA recibieron en un año y medio 37.800 millones, un 30 por ciento más de lo que les hubiera correspondido si la Nación hubiera brindado un subsidio per ­cápita igual al que volcó en el resto del país.

Menos inequitativos o casi equitativos son los subsidios a la electricidad y al gas.

Fondo del Conurbano

El otro cálculo clave de esta pelea pasa por saber cuánto recibiría la Provincia de Buenos Aires si se elimina el tope al Fondo del Conurbano, como pide María Eugenia Vidal ante la Corte. Para el año pasado, la cifra equivale a unos 43 mil millones de pesos, según los funcionarios de Juan Schiaretti. Y para el primer semestre de este año serían unos 25 mil millones. ­Estas cifras son inferiores –o cuando mucho parecidas– a los subsidios nacionales en exceso que recibe la Provincia de Buenos Aires al ser privilegiada en este rubro por el Estado nacional. Por ende, tenderían a compensarse.
Fuente: La Voz del Interior
26Jul/172

El populismo es el germen de la tiranía

Por Roberto Cachanosky

Voy a empezar esta nota con una frase que va a escandalizar a más de uno: el endiosamiento del voto ha destruido la república y los derechos individuales, llevando a los países a la pobreza y la tiranía.

¿Por qué semejante frase? Es que los políticos, periodistas e “intelectuales” de izquierda han tomado el cuidado de resaltar la palabra democracia y ponerla por encima de la república. Al mismo tiempo, para ellos democracia significa que el que más votos tiene recibe el poder para hacer lo que quiere. Recuerdo a Cristina Fernández diciendo en 2008, cuando se produjo la crisis con el campo, que a pesar de tener el 45% de los votos, iba a mandar el proyecto de la 125 al Congreso como si su decisión fuera un favor que su graciosa majestad le otorgaba a los plebeyos en vez de un mandato constitucional.

Como he dicho en otras oportunidades, la democracia se ha transformado en una competencia populista, es decir, teniendo en cuenta que el poder se consigue no por la fuerza de las armas como hacían los antiguos reyes, sino por la cantidad de votos, el truco para ganar la competencia populista consiste en obtener la mayor cantidad de votos. Para eso lo primero que hacen los populistas es dividir a la sociedad (lo que hoy se conoce como grieta) y convencen a la gente que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto, si lo votan al político populista, él hará justicia quitándole a los ricos para darle a los pobres.

En términos económicos el político populista trata de maximizar la cantidad de votos que va a recibir con un costo menor de los votos que va a perder por prometer aumentarle la carga tributaria a un sector reducido de la sociedad. Esquilman a un 20% de los votantes para repartir el fruto del robo legalizado entre el 80% de los que reciben los recursos del robo legalizado.

La cuenta que hacen es: ¿cuánto me cuesta en pérdida de votos aumentarle la carga tributaria a un sector de la población y cuántos votos gano repartiendo el dinero ajeno? ¿A qué sector de la población puedo expoliar perdiendo pocos votos para financiar mi política populista y repartir ese dinero ajeno entre una mayoría amplia?

Por eso es importante para el populista destruir el concepto de gobierno limitado e instalar la idea que el voto mayoritario da derecho a violar los derechos individuales de sectores minoritarios. Si tengo más votos no tengo límites, y si el Congreso o el Judicial me ponen límites entonces los otros poderes se están levantando contra la voluntad popular que es “sagrada”.

La realidad es que en una república la voluntad popular no es sagrada. Una mayoría circunstancial no tiene derecho a violar los derechos individuales de una minoría, por más minoritaria que sea esa minoría. En una sociedad libre, el voto solo sirve para elegir a un administrador que temporariamente manejará la cosa pública pero con poderes limitados, entendiendo por poderes limitados que el monopolio de la fuerza que se le otorga no puede ser utilizado para violar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad.

Por eso los populistas son enemigos de una sociedad libre. Porque el poder limitado les impediría explotar a un sector de la sociedad en beneficio de un grupo más amplio que le aporte un mayor caudal de votos. Lo primero que tiene que hacer el populista es romper el concepto de límite al gobierno para poder usar el monopolio de la fuerza y violar derechos individuales expoliando a aquellos que le van a financiar su permanencia en el poder, que no son otros que los contribuyentes.

El primer paso es generar lo que hoy se llama grieta: decir que determinado sector de la sociedad (el sector al que se lo va a explotar impositivamente) es el culpable de que otros sean pobres. Con eso se crea el clima para iniciar la expoliación y justificar el uso del monopolio de la fuerza para violar los derechos de terceros. Una vez abierta la puerta que permite usar el monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales en nombre del bien común, ya no hay límites para el populista que termina transformándose en tirano.

Al comienzo la gente lo aplaude, pero a medida que van desapareciendo las inversiones, cae la producción, escasean los bienes y servicios a los que puede acceder la población y aumentan sus precios por el déficit fiscal debido mayor gasto público producto de la redistribución del ingreso, entonces el populista redobla sus críticas a los supuestos conspiradores y aumenta el enfrentamiento. El camino que elige es decir que las cosas andan mal porque hay sectores que conspiran contra el modelo.

Sectores ocultos que buscan perjudicar a pueblo trabajador. Con esto justifican el aumento del uso de la fuerza para violar los derechos individuales, incrementan la presión impositiva, estableciendo controles, regulaciones, etc. El estado va adquiriendo un mayor control sobre la vida de los habitantes para, supuestamente, defenderlos de los enemigos.

Como el sector expoliado se va achicando porque huyen las inversiones, para sostenerse en el poder, el populista tiene que aplicar impuestos a sectores que antes no pagaban. Va ampliando el campo de expoliación impositiva hasta que llega un punto en que buena parte de la población siente el efecto del populismo y el balance de votos ganados y votos perdidos empieza a diluirse.

Cuando la crisis económica llega a límites insospechados y la gente ya no tolera más la situación puede ser tarde y queda presa del populista que se transformó en tirano. Pasó con el Perón de los 40 y 50, con Chávez y Maduro y aquí no ocurrió porque la gente reaccionó a tiempo y le puso un límite al vamos por todo que no era otra cosa que establecer una tiranía. El tirano, que empieza como un simple populista, nunca anticipa su objetivo final de tiranía. No lo hizo Fidel Castro, ni Perón, ni Chávez, ni tantos otros tiranos.

Lo cierto es que ese populismo inofensivo va avanzando hasta generar pobreza, violar crecientemente los derechos individuales y finalizar destruyendo el sistema republicano para establecer una tiranía. El ejemplo chavista con Maduro ahora a la cabeza es el ejemplo categórico al respecto.

En síntesis, a la tiranía se llega con un primer paso: cuando el político enfrenta a un sector de la sociedad con otro sector de la sociedad. Acusa a unos de ser responsables de la pobreza de los otros. El segundo paso es poner la mayoría de los votos por encima de los derechos individuales. El que más votos tiene puede hacer lo que quiere. Es como si la sociedad eligiera a sus propios tiranos. El tercer paso es expoliar a determinados sectores productivos para financiar la “compra” votos vía el gasto público. Y el último paso es llevar al extremo la violación de los derechos de los derechos individuales. Para eso tiene que destruir la república y establecer una tiranía.

Y de las tiranías solo se sale cuando los pueblos se levantan contra el tirano.

Fuente: Economía para todos.

16Jul/172

El comportamiento irresponsable de la izquierda en el conflicto de Pepsico

Por Maximiliano Bauk

El día 13 de julio se desalojó la planta de PepsiCo en Vicente López de la mano de la policía de la provincia de Buenos Aires, por encontrarse usurpada por un minúsculo número de ex empleados, alrededor de un 12% del total, que exigía la reapertura de una fábrica que no era de su propiedad.

Dos mundos totalmente diferentes fueron visibles este día: el de las instituciones y el de la ley de la selva. Según el primero, la ley debe respetarse independientemente de nuestros gustos o nuestras conveniencias; ante un conflicto, los desacuerdos se resolverán en la Justicia teniendo en cuenta este marco de legalidad. Bajo la lógica del segundo, la ley se respeta o no teniendo en cuenta si el viento sopla a favor o en contra; a partir de allí, el marco legal será utilizado como argumento o bien se convertirá en un simple listado de sugerencias que bien puede ser ignorado.

Vayamos a los hechos. La planta cerrada era propiedad privada, por lo que las causas de su cierre no interesan siempre y cuando cumplan con la ley. Así, de los 535 empleados, 154 aceptaron ser relocalizados en las plantas de Mar del Plata y en el área administrativa en la Ciudad de Buenos Aires, 312 aceptaron indemnizaciones que según el Ministerio de Trabajo son del doble de lo prescrito por la ley del contrato de trabajo y oscilarían entre los 600 mil y los 3 millones de pesos. Quedan al final unos 69 empleados que optaron por usurpar la propiedad ajena, que es un delito.

Ante esto y sumado a la orden judicial que dispuso el desalojo inmediato de la fábrica obstruida, la policía acudió para cumplir con su labor, que se complicó debido a la violencia de los infractores que dejaron como consecuencia a unos quince policías heridos, entre ellos, a una mujer con una fractura expuesta. Pero los manifestantes no eran sólo algunos ex empleados, sino que se encontraban acompañados por políticos de izquierda, de los mismos que sin haber creado un empleo jamás en su vida exigen un salario mínimo de 25 mil pesos y una jornada laboral de 6 horas máximo, quienes paradójicamente se postulan a legisladores aunque no se entiende con qué finalidad lo hacen, teniendo en cuenta que las leyes que potencialmente puedan crear serán dejadas de lado por personajes que, como ellos mismos en esta ocasión, ven en el conflicto una mera oportunidad para brillar. Qué sentido tiene ser el creador de algo que ni uno mismo respeta.

Vayamos un poco más lejos y supongamos que la orden judicial o el derecho de fondo eran injustos. ¿Acaso eso amerita la violencia? No, ante ello existen diferentes mecanismos para solucionar el conflicto, de lo contrario, ¿cuál es el límite?, ¿la guerra civil?

"¡No compren productos de PepsiCo!" gritan ahora los frustrados políticos oportunistas de las desgracias ajenas. Claro, de todas maneras las miles de personas que viven de esta empresa y que quedarían en la calle si su pedido fuera escuchado no serán más que una nueva herramienta de propaganda.

La izquierda dice luchar por los que menos tienen pero, al mismo tiempo, sus propios diputados alientan a quebrar las normas, que son las reglas del juego dentro de las cuales los que realmente ponen lo suyo en juego, su dinero, saben que serán respetados. Sin obediencia a las normas no hay confianza, sin confianza no hay inversiones, sin inversiones no hay generación de empleo y sin generación de empleo nunca terminaremos con la pobreza que padece casi un tercio de los argentinos, así de simple.

Por primera vez en décadas conseguimos un gobierno que como mínimo haga respetar las leyes sin importar los votos que pueda perder al hacerlo. Personalmente, aplaudo esta actitud y les propongo a los legisladores a los que no les guste que presenten un proyecto al respecto, ese sí es su deber.

Fuente: Infobae

14Jul/174

Contradicciones

Carta de lector a La Voz del Interior

(La parte en cursiva no fue publicada)

Leo en el suplemento VOS una nota de Alejandro Mareco sobre la muerte de Jorge Marziali, ocurrida en Santiago de Cuba después de un recital. Nos cuenta el autor de la nota que en su última presentación, Marziali le cantó a la libertad y a la justicia y que le rindió homenaje a Ernesto Che Guevara, al que bautizó como “el niño de la estrella”.

Lo leí varias veces para convencerme de que no había entendido mal y luego de verificar que no había error, comencé a formularme algunas preguntas. ¿Puede haber mayor contradicción que cantarle a la libertad en Cuba exaltando la imagen de un asesino serial que ayudó a construir allí mismo una monarquía dinástica, que desde hace más de medio siglo tiraniza a su pueblo y lo sucumbe en la miseria después de haberle arrebatado todas sus libertades? ¿A qué clase de justicia se le canta enarbolando la efigie de alguien que mataba a sangre fría a sus semejantes, sin juicio ni defensa, por pensar diferente o por ser homosexuales?

Nunca terminaré de entender cómo funciona el doble patrón de moral de quienes se proclaman defensores de la democracia y de los derechos humanos y enemigos de las dictaduras, y al hacerlo exhiben como modelos a dictadores que atropellaron y atropellan aún los derechos humanos de todo un pueblo, luego de haber instaurado una brutal dictadura de partido único, en la que disentir con el gobierno se paga con la cárcel o la muerte.

El mundo civilizado enfrenta hoy una brutal embestida de grupos terroristas que matan a personas inocentes en cobardes atentados. Y en Argentina, hay personas que evocan con añoranza ese mismo terrorismo que padecimos años atrás y rinden pleitesía a quienes ejecutaron esos monstruosos crímenes. Pero ¿qué digo? Si hasta hace poco era ministro de Relaciones Exteriores un terrorista que en 1975 puso una bomba en un bar, asesinando a varias personas, y ahora se presenta de candidato a senador en la provincia de Buenos Aires.

Decía Albert Einstein que la locura consiste en repetir una y otra vez las mismas acciones esperando resultados diferentes. ¿No aprenderemos nunca?

Prudencio Bustos Argañarás

9Jul/170

Macri y las delicias del capitán Simonini

Por Edgardo Moreno

Cuando el escritor italiano Umberto Eco imaginó al capitán Simone Simonini, el personaje de su novela El cementerio de Praga, su país estaba gobernado por Silvio Berlusconi. Un populismo del que Italia se avergonzó cuando ya era tarde.

Simonini es un falsificador al servicio de los poderosos que requieren de su pluma documentos apócrifos para apropiarse de lo ajeno y difamar enemigos. Ofrece el arte imprescindible de la noticia falsa. Jamás faltará el exaltado que conspire, conviene sacar provecho de su ambición.

En la novela, termina contribuyendo a la elaboración del libelo que alimentó como ninguno el antisemitismo en Europa, los protocolos de los sabios de Sión. Una mentira folletinesca considerada real durante años sombríos.

Eco siempre se declaró sorprendido con una curiosidad histórica: en el momento en que se demostró la falsedad de ese libelo es cuando con más intensidad se asumió como verdadero. La prueba esgrimida por los fanáticos para decir que eran auténticos era que la prensa aclaraba que eran falsos.Al presentarnos al capitán Simonini, Eco sabía que estaba escribiendo sobre un pasado actual, en el que vivimos rodeados de falsarios. Y se reía porque su novela fue exitosa: o sus lectores estaban locos –de lo cual era constatación suficiente el voto a Berlusconi– o estaban viendo en el libro cosas que todavía suceden. Una época de verdades apócrifas y falsarios profesionales.

¿Quién sabe lo que diría Umberto Eco al ver el reciente encuentro de Donald Trump con Vladimir Putin?

El presidente estadounidense ha patentado una fórmula para maquillar la mentira. Cuando una verdad es evidente, pero no le conviene, dice que hay que considerar los “hechos alternativos”. Un adúltero filmado en flagrancia puede argumentar fidelidad alternativa.

Putin cultiva el mismo estilo. En su país, ya saben que no es tan grave lo que miente, sino el valor nulo que le asigna a la verdad.

Berlusconi era el mandamás de una corporación mediática. Trump es una mutación más evolucionada. Se sube al ring de los titanes para castigar a un falso reportero –un reportero alternativo– de la cadena de noticias CNN. Con cada movimiento que hace, el liderazgo estadounidense coquetea con el ridículo. El orgulloso pueblo norteamericano eligió para sí mismo el tiempo de la vergüenza.

Tampoco los personajes actuales con los que se deleitaría el capitán Simonini se restringen al exclusivo hospedaje del Grupo de los 20. En Corea del Norte hay un autócrata que juega con misiles y en Venezuela un dictador esotérico dialoga con los pájaros mientras silbando bajito envía fuerzas de choque al Parlamento.

Pero es en el club privilegiado de los 20 donde le acaban de entregar la llave maestra por unos meses al presidente de Argentina, Mauricio Macri.

El año que viene, el G-20 estará en Argentina. El rol de Macri, en representación del país, no será solamente el de organizador. Al anfitrión también se le permite opinar sobre la agenda.

La diplomacia argentina ya deslizó que la presidencia en el G-20 tendrá como ejes temáticos el trabajo y la educación. Suenan como enunciados incontrovertibles pero esconden un debate dramático: el más reciente capitalismo, en especial aquel que ya alcanzó mayores niveles de desarrollo, ha dejado de proveer la ilusión del pleno empleo. Precisamente porque el avance educativo, científico y tecnológico se adelantó a mayor velocidad que el diseño de nuevas herramientas de equidad social.

Trump es el emergente más notorio de las frustraciones sociales que engendra esa contradicción.

Cuando el personaje de Umberto Eco buscaba argumentos en los folletines del sombrío fanatismo de su época para elaborar su diatriba antisemita, llega a una definición terrible: es necesario darle un enemigo al pueblo para devolverle la esperanza. Y debe ser reconocido y cercano. Debe estar en el umbral de la casa.

Con el renovado auge global de esas pasiones deberá lidiar la presidencia argentina del grupo de países más importantes del planeta.

Con una solitaria ventaja. Dicen que pertenecer, también tiene sus privilegios. Obtener inversiones, abrir nuevos mercados, importar la innovación. No es Macri sino el país el que ahora asume el desafío de transformar esa frase publicitaria en un hecho comprobable.

Porque cuando al club lo presidían Barack Obama y Angela Merkel, Argentina se alineó con Hugo Chávez y Mahmoud Ajmadinejad, dos feligreses confesos de la gran conspiración mundial cuya persistencia actual sorprendería –aunque sin espanto– al capitán Simonini.

Fuente: La Voz del Interior

5Jul/172

Cómo los gremios generan pobreza y desocupación

Por Eduardo Barbera

Todas las democracias sólidas y modernas tienen garantizados los derechos de los trabajadores en sus constituciones, buscando asegurar un salario digno, condiciones de trabajo y horarios aceptables y la libertad de agremiación para defender los derechos de quienes se desempeñan en relación de dependencia.

Pero como todo derecho, no es absoluto. Es relativo y los límites son el bien común y los demás derechos de la comunidad que los trabajadores integran. Por tanto, esos derechos están reglamentados, y las medidas de fuerza, paros y manifestaciones deben ser un último recurso luego de sortear todas las instancias previstas en las leyes.

En Argentina con el correr de los años, los gremios se consolidaron como una estructura de poder, tanto o más fuertes que las estructuras formales del Estado, a tal punto que pueden condicionar a gobiernos democráticos. Su actuación excede la protección de los derechos de sus representados como lo indica su mandato formal, para usar su poder para militar en política, proponer candidaturas, presionar por pautas presupuestarias y orientar políticas públicas según sus conveniencias partidarias.

Esto es más evidente aun en los sindicatos en las órbitas vinculadas a la administración pública, empresas estatales y servicios públicos. El reciente paro prolongado del transporte de la Ciudad de Córdoba fue un ejemplo claro del pensamiento predominante de muchos gremios, no sólo el del gremio del transporte.

No fue un caso aislado de un grupo díscolo de sindicalistas locales. Esta metodología de apriete y coerción, con los usuarios como rehenes indefensos, se repite en todo el país. El largo conflicto docente originado en la Provincia de Buenos Aires es otra muestra de manipulación política gremial.

El estado de conflicto permanente que se manifiesta en la Municipalidad de Córdoba con su sindicato que castiga a usuarios de servicios municipales sin piedad integra la larga lista de abusos del rol que debe cumplir el gremialismo serio y responsable.

Pero estos abusos no hubiesen sido posible si por años no hubiesen existido acuerdos de toma y daca con el sector político y la tutela complaciente y silenciosa del sistema judicial. Si no sería inexplicable que los principales dirigentes de los mayores gremios a nivel nacional no tengan ningún pudor en exhibir bienes y estilos de vida imposibles de justificar con su actividad gremial. Se trasforman en empresarios y estancieros con capitales cuyo origen no puede ser otro que el uso en beneficio propio de los mandatos que les asignan sus representados. Se mantienen en el poder por décadas. Aunque haya elecciones, no hay renovación posible contra semejante despliegue de poder e impunidad.

Este entramado de intereses cruzados entre la política, los gremios y la Justicia es percibido desde el exterior como la corrupción estructural y endémica de Argentina. Un esquema que fija reglas de juego que luego afectan el rendimiento cuando deben modelizarse posibles inversiones y se las comparan haciendo la misma modelización en otros países. Argentina queda muy atrás, aun respecto de países de la región en Latinoamérica.

El costo laboral en Argentina es alto, pero no por los que los trabajadores reciben en sus bolsillos, sino porque todas estas “supuestas conquistas sindicales” hicieron que el costo impositivo, tanto para el empleador como para el trabajador, sea tan oneroso que empuja al trabajo en negro. Se suma a ello el riesgo de los juicios laborales fraudulentos y el consecuente impacto en los costos.

Aunque en términos periodísticos resulte más espectacular ver los bolsos de José López arrojados en un convento o los dólares de Lázaro Báez en la Rosadita o los hoteles atribuidos a la expresidenta Cristiana Fernández, desde el punto de vista de la corrupción eso resulta anecdótico. Es mucho más grave para quien tiene que arriesgar su capital para generar nuevos puestos de trabajo saber que el tándem gremios-política-Justicia forman un eje que prioriza sus intereses por sobre los de la comunidad.

Y esto no sólo es válido para las grandes empresas extranjeras que el presidente Mauricio Macri busca convencer en sus visitas a distintos países. El desaliento a la inversión también lo padece una pequeña empresa familiar. Su temor a tomar nuevos empleados es por la misma causa. Mas del 70 por ciento del empleo en el país es generado por Pyme. Son ellas las que harían descender el índice de desempleo para reducir los actuales niveles de pobreza e indigencia. Pero los desempleados no tienen gremios que los representen y a la corporación sindical eso no le interesa.

Fuente: La Voz del Interior

2Jul/170

En el transporte de pasajeros, la brecha de fondos se mantiene

Por Rubén Curto

En el servicio de transporte, el enmarañado sistema de subsidios nacionales consolidó en los últimos años, tal como ocurre con otras tarifas (combustibles, electricidad), fuertes diferencias e inequidades sobre lo que pagan los usuarios de la provincia de Córdoba respecto de los precios acomodadísimos de sus pares del denominado Amba (ciudad de Buenos Aires y alrededores).

Esa brecha, expuesta en números, habla por sí misma. En marzo último, los colectivos del Amba recibieron un 38,5 por ciento más de subsidios que los de Córdoba. Por cada coche del área metropolitana, la Nación aportó 130.582 pesos, mientras que acá fueron 94.257 pesos por unidad.

El reparto desigual también se refleja en las proporciones: 77 por ciento de los subsidios totales va al Amba y el resto se gira al interior del país.

Otra forma de medir esa disparidad es mediante la porción de costos operativos del sistema que cubren los subsidios. En Buenos Aires, esa participación llegó a ser del 80 por ciento y en 2016 se redujo un poco: bajó al 68 por ciento, debido a la duplicación de tarifa que dispuso el Gobierno, al llevarla de los irrisorios tres pesos de entonces a los seis pesos que aún tienen vigencia.En Córdoba, los subsidios solventan alrededor de un 35 por ciento de los costos. Esa incidencia se considera “razonable” en función de referencias internacionales de países donde está blanqueado al subsidio estatal al transporte privado.

Es algo lógico, aceptable. Lo irracional es lo del Amba, donde la tarifa es poco menos que simbólica y todo funciona en base a subsidios”, apunta un empresario local.La disparidad tiene su reflejo inmediato en lo que pagan los usuarios. En Córdoba, el servicio urbano tiene una tarifa plana de 12,55 pesos (el doble del Amba). La plata de Nación apunta cada año a “calzar” los aumentos acordados en la paritaria de los choferes nucleados en UTA.

Más coches, menos plata

Las inequidades no se agotan en los montos de los subsidios. Hay otras aristas. Por ejemplo, la vigencia de una resolución de 2012 que literalmente “congeló” el universo de coches alcanzados por los subsidios, impidiendo así la actualización de la nómina por renovación e incremento de flota.

Ese ítem pegó con particular dureza en el caso de la ciudad de Córdoba, uno de los pocos distritos donde hubo licitación del sistema e incorporación de unidades. La situación derivó en un absurdo: las jurisdicciones donde hay inversión y se suman más unidades pierden.

Un tercer elemento distorsivo en el esquema de subsidios es que en Córdoba están fuera de ese beneficio, desde 2010, los coches interurbanos que cubren recorridos mayores a 60 kilómetros. Son 311 unidades que reciben “cero” aporte nacional.

La situación recién está por revertirse ahora, con la incorporación de ese segmento del sistema al grupo subsidiado.

El esquema de subsidios superconcentrados en Buenos Aires no nació ayer. Creció y se consolidó de la mano de la estrategia del kirchnerismo de apuntalar su clientela electoral porteña con tarifas a precio de regalo, solventadas por el resto del país.

Tal como le pasó en otras áreas (por caso, el gasto público), la declarada vocación de Cambiemos de corregir las distorsiones se quedó a mitad de camino.

La primera señal del actual Gobierno nacional fue un anuncio respecto de que iba a congelar la masa total de subsidios al transporte, y empezar a equilibrar la balanza, con tarifas más lógicas en el Amba.

Otra vez, los números. Desde 2014 a la fecha, la tarifa del urbano en Córdoba pasó de 5,30 pesos a 12,55 pesos (136,8 por ciento de incremento). En este caso, la secuencia inflación-costos-tarifa siguió su lógica implacable, al no aumentar los subsidios nacionales, ni haber aportes municipales.

En el Amba, en cambio, en 2014 la tarifa estaba a tres pesos –recorrido de hasta tres kilómetros– y en 2016 saltó a seis pesos. Fue un incremento del 100 por ciento, pero como excepción en medio de casi una década de tarifa “planchada”. De hecho, aún hoy implica la mitad del costo del viaje en Córdoba.

Freno de mano

Ese primer intento macrista por sincerar tarifas en el transporte metropolitano y acercarlas aunque sea un poquito a los costos reales tuvo luego un contrapeso.

Se amplió la denominada tarifa social, por la cual unos tres millones de usuarios pagan el viaje a 2,70 pesos, esto es, 30 centavos menos que la tarifa plana vigente antes de 2016.

Reciben ese beneficio los jubilados, titulares de Asignación Universal por Hijo, Jefe de Hogar, veteranos de guerra y monotributistas sociales. Lo hacen a través de la tarjeta Sube, que la Nación extendió también a distritos como San Juan, Catamarca y Corrientes, pero no así a grandes urbes como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

No lo hacen acá porque les crecería muy fuerte la cantidad de beneficiarios de tarifa social”, se quejó un funcionario de la provincia.

Los enormes beneficios de los usuarios del Amba, comparados con sus pares del interior, no se agotan en el costo de las tarifas. Tienen otras ventajas comparativas muy fuertes: mayor cantidad de flota, alto índice pasajero/kilómetro y recorridos cortos, que por lógica hacen más competitivos los servicios en esa jurisdicción.

Esto sin considerar la existencia de otras opciones de movilidad, que en Córdoba no existen, tales como trenes y subte, también fuertemente subsidiados por la Nación.

No hay que aumentar los subsidios en el interior. Lo que urge es desarmar esa lógica de seguir poniendo plata donde el sistema menos lo necesita para ser sustentable, como ocurre con el Amba”, graficó el titular de una prestataria urbana de Córdoba.

Fuente: La Voz del Interior

25Jun/173

Durán Barba, el momento Waldo y el gorila invisible

Por Edgardo Moreno

Ahora que Jaime Durán Barba ha conseguido que Cristina Fernández –nada menos–  
imite su formato de campaña electoral, a hora que la dirigencia política acude a leer con menos prejuicios sus reflexiones sobre la política en el siglo 21, tal vez convenga juzgarlo menos por sus declaraciones y más por sus publicaciones.

El más reciente manual de Durán Barba y Santiago Nieto no es un manual. Porque el gurú ecuatoriano es más que un gurú: es un apasionado por la conversación como estilo y método y cautiva con aquello que él mismo admira en el espíritu científico, la sed de maravillas.

Durán Barba ha recorrido un camino intelectual vasto, en el que recogió especialmente las derivaciones latinoamericanas de la ideología que marcó a su generación. La de Marx, Lenin y Gramsci, adaptada a la realidad regional.

Pero la constatación de la aceleración del cambio en el nuevo siglo es la novedad que presenta con todo el énfasis de un descubrimiento. Porque observa atónito cómo la política todavía la ignora.Que entre 2014 y 2016 la humanidad haya creado tanta información como toda la que pudo acumular desde la Prehistoria hasta 2014 no es un dato que la política esté en condiciones de desconocer sin pagar enormes costos.

Para Durán Barba estamos ante una bisagra histórica, que demanda la misma revolución del conocimiento que desencadenó Cristóbal Colón, quien “no sólo encontró nuevas tierras, sino que produjo un terremoto conceptual cuando descubrió la ignorancia, principio básico de la ciencia”.

A los políticos incapaces de percibir la intensidad de los cambios los compara irónicamente con 
Leo Allatius, el teólogo, astrónomo y custodio de la biblioteca del Vaticano, un monje como el venerable Jorge que imaginó Umberto Eco.

Un siglo después de Copérnico, Allatius sostenía que en el momento de la ascensión de Jesús a los cielos su santo prepucio, circuncidado cuando niño, se extravió, chocó con Saturno y se convirtió en sus anillos.

Esos políticos actúan como el califa Omar cuando ordenó incendiar la biblioteca de Alejandría: si las ciencias sociales que investigan la política coinciden con su propia doctrina, no sirven para nada porque repiten. Y si disienten, no tiene caso estudiarlas.

El mundo es completamente distinto del que vivimos en nuestra propia infancia, dicen Durán Barba y Nieto. Cuando se extingue un paradigma no se vuelven a discutir sus conceptos porque pierde sentido la polémica sobre su corrección. El oráculo que defienden con apasionamiento son las encuestas y sondeos de opinión pública. Todo allí se explica. Las estadísticas son la llave científica que puede ayudar a resolver el conflicto político.

Ocurre que esta inclinación por los estudios de opinión pública choca con una tendencia sobre la cual alertó William Davies, en un artículo publicado por el diario inglés The Guardian , a principios de este año.

La declinación de la autoridad de las estadísticas y de los expertos que las analizan está en el corazón de lo que se ha dado en llamar la posverdad”, afirmó Davies. Las estadísticas modernas nacieron con las democracias modernas. Con William Petty y John Graunt, tras la rebelión inglesa de Oliver Cromwell. Y con la obsesión por la medida de los jacobinos franceses. En esa obsesión se jugaba la idea de un gobierno centralizado y una sociedad igualitaria.

Davies señala que los esfuerzos para representar los cambios sociales en términos simples y con indicadores reconocibles están perdiendo legitimidad. Porque en el nuevo mundo –el mismo del Big Data que deslumbra a Durán Barba– los datos son capturados primero y las preguntas para investigar llegan después. Es un paso más allá de las encuestas que analizaba en sus orígenes el PRO, donde cada porteño era una cruz de multiple choice , fileteada a la vuelta del Obelisco.

Durán Barba profesa su fe política en los siguientes términos: “La democracia funciona cuando reemplazamos las verdades eternas con hipótesis que están siempre expuestas al escrutinio y a la posibilidad de ser desbaratadas cuando contradicen la realidad”.

¿Qué ocurre cuando esos cambios en los estados de opinión se aceleran hasta el vértigo? ¿Es suficiente con el deslumbramiento y la casuística electoral? ¿O conviene pensar nuevas teorías de la representación y la democracia?

Durán Barba no ensaya una respuesta. Dice que la gente es pragmática y no se interesa en teorías. Recomienda escribir programas escuetos. Que son necesarios para gobernar, no para mostrarlos en campaña. Porque los nuevos electores no se despolitizaron. Nunca estuvieron politizados.

En ese discurso navegaba la Argentina en la década de 1990 cuando la sorprendió la narración ideológica del kirchnerismo.

Para explicar los comportamientos grupales, Durán Barba alude al experimento del “gorila invisible”, de Christopher Chabris y Daniel Simons, dos psicólogos de Harvard. Ellos seleccionaron voluntarios para que viesen un juego de básquet en un video. Les pidieron que cuenten con precisión los pases de unos a otros, en cada equipo. Y filtraron con disimulo en el video una persona disfrazada de gorila. Concentrados en el recuento, la mayoría de los voluntarios no se percataron del gorila.

Durán Barba reclama la máxima atención a las encuestas. Pero la falta de desarrollo teórico es el gorila que aparece y no se alcanza a ver.

En la serie de televisión inglesa El espejo negro , los guionistas imaginan un futuro distópico, donde la tecnología arruina aquello que ya estaba peor.

En uno de sus episodios, aparece un personaje virtual, un dibujo animado, un oso azul. Se llama Waldo y es agresivo y procaz. Waldo no sólo tiene su propio show de televisión. Conecta con lo popular en las encuestas y los productores lo proponen como candidato: “No necesitamos a los políticos. Todos tenemos smartphones . Cualquier decisión que haya que tomar, la ponemos on line . Dejemos que la gente vote. Pulgares arriba, pulgares abajo. Eso es una verdadera democracia”. Waldo hace campaña desde una pantalla gigante montada en un camión. 
Le aparece de improviso al candidato oficialista, cada vez que sale a la calle a intentar un timbreo. Es la política en “el momento Waldo”.

Como concluye Davies, la batalla de largo plazo no será entre una política de hechos dirigida por élites y una política populista de sentimientos. “Sino entre aquellos que todavía están comprometidos con el conocimiento y la argumentación pública, y aquellos que sacan provecho de su continua desintegración”.

Fuente: La Voz del Interior

14Jun/173

MESTRE Y LA MAFIA SINDICAL

Por Prudencio Bustos Argañarás

La patética inoperancia del gobernador Schiaretti, el vice Llaryora y el intendente Mestre en el conflicto que mantuvo a la ciudad de Córdoba en manos de los dirigentes de la UTA, apoyados por los del Surrbac, ha pasado a ser uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente.

El gobernador no creyó necesario interrumpir sus vacaciones de otoño en Brasil y dejó la provincia en manos de Llaryora, cuya única acción fue promover una ridícula denuncia contra los tuiteros que subieron memes a las redes sociales. La tardía reacción de Schiaretti impulsando una ley para reglamentar el derecho de huelga en los servicios públicos muestra un retraso de casi treinta años. En 1989 presenté un proyecto en tal sentido en el Senado, que radicales y peronistas se negaron a tratar, y hoy la reacción de los aliados del gobernador en la Legislatura anticipa nuevas dificultades para su aprobación.

Mestre, por su parte, intentó sustituir la falta de ómnibus mediante un sistema alternativos de taxis colectivos que resultó un grotesco fracaso. En definitiva, los cordobeses debimos padecer más de una semana privados del transporte público de pasajeros, con la ciudad tomada por asalto y sumida en el caos, y un estado ausente e impotente que no supo cumplir con su deber más elemental, que es mantener el orden y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

También exhibió su incompetencia el Ministerio Público, mientras que el Poder Legislativo desnudó un retraso que se mide en décadas, como lo expliqué en una nota publicada en la versión digital de La Voz del Interior (http://www.lavoz.com.ar/opinion/el-estado-ausente-en-el-caos-gremial-de-los-choferes).

Pero en el caso del intendente subyacen algunas situaciones poco claras con los gremios en conflicto, que resulta necesario analizar. La relación de Mestre con los dirigentes locales de la UTA es decididamente mala. Los gremialistas lo acusan de ser el verdadero dueño de la empresa Ersa, que pertenecía al ex gobernador de Corrientes, Raul Tato Romero Feris, condenado a prisión por actos de corrupción en 1999 y acusado luego por vinculaciones con el narcotráfico. Afirman que Romero Feris trabó relación con el entonces interventor de Corrientes, Ramón Bautista Mestre, padre del intendente, que las  mantuvo.

Ersa, que fue favorecida en las adjudicaciones del transporte público de pasajeros de la ciudad, tiene además un acuerdo de cooperación con Autobuses Santa Fe (hoy Aucor), con lo que logró ocupar una posición dominante con el manejo de seis de los ocho corredores, lo que equivale al 75% del sistema. El ceo de Autobuses Santa Fe es Alejandro Rossi, hermano de Agustín Rossi, exministro de Defensa de Cristina Fernández

El concejal Esteban Dómina denunció serias irregularidades en la licitación, acusando a Mestre de haberlo hecho de “modo discrecional”, ”alterando  las reglas de juego”, con un resultado que contraría la intención original del sistema, que era evitar la concentración del servicio en una sola compañía. El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, por su parte, promovió acción penal contra Mestre y Ersa en setiembre de 2014, por defraudación calificada a la administración, mediante desvíos de subsidios de la Nación realizados desde agosto de 2013 hasta marzo de 2014, en que cesaron a raíz de una auditoría realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que confirmó la existencia de la operación fraudulenta.

Estos negocios turbios son mencionados por el ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, en una entrevista con dirigentes de UTA, cuya grabación ha circulado por las redes, pero ningún fiscal ha convocado hasta hoy a Sereno para tomarle declaración.

También en la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, barrido y limpieza de calzadas y la recolección, tratamiento y disposición final de residuos patógenos, hay sospechas de la existencia de situaciones irregulares, por cuanto la empresa Lusa (Logística Urbana S.A.), que desde 2012 presta en Córdoba dichos servicios, forma parte del Grupo Ersa. Pero a diferencia del caso anterior, la relación de Mestre con la dirigencia del Surrbac (Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba) era bastante más que cordial hasta estos últimos días.

El Surrbac mantiene un fuerte enfrentamiento con el sindicato de camioneros de Hugo Moyano desde el año 2012, en que este se distanció del kirchnerismo. Amparados por el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada, los recolectores lograron en tiempo record la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud para crear su propia obra social, llamada Ossurrbac, pero en noviembre último el fiscal ante la Justicia federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, hizo lugar a una cautelar pedida por Moyano, quien los acusó de falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita, delitos que investiga un juzgado Criminal y Correccional Federal.

Julio Mauricio Saillen, secretario general del Surrbac, activo militante del kirchnerismo y protagonista en las bochornosas jornadas que padecimos, adquirió una importante cuota de poder gracias a la presidente Cristina Fernández y logró que su hijo veinteañero, Franco Gabriel, fuera elegido legislador provincial, presidente de la Juventud Sindical Peronista y vocal de la comisión directiva del Surrbac.

Pascual Vicente Catrambone, secretario de Ramas y del Interior de dicho sindicato, es miembro del director de Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), creada por Giacomino en 2010, y de Cormecor (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba S.A.), inventada por Mestre en 2012.

El 24 de julio de 2014, Catrambone firmó como miembro del Surrbac un convenio con Crese, de la cual era director (ver Resolución N° 1655/2014 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Expediente Nº 393.272/14). Es decir, un contrato consigo mismo. Curiosamente, en la página web de Cormecor (http://www.cormecor.com/), Catrambone aparece como Pascual Vicente, sin su apellido.

Esta dualidad funcional de Catrambone no se detuvo allí. El 22 de junio  de 2016 un exempleado de Crese llamado Pablo Carrasco, lo denunció por negocios incompatibles con la función pública, al actuar como contratante y como proveedor, a través de terceros. El 30 de mayo de 2011 se constituyó la empresa Krates Constructora SA, cuyo presidente era Agustín Catrambone, hijo de Pascual y vocal del Surrbac al igual que su hermano Miguel Ángel, en sociedad con Omar Portillo (ver Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2011). En 2014 Pablo Luis Oviedo, allegado a la familia Catrambone, reemplazó a Agustín en la empresa. Krates, que nunca tuvo empleados pero sí doce vehículos (entre ellos, un Audi Coupé 3.2), se quedó en mayo de 2015 con un contrato que rescindió la empresa Federico S.A. con Crese, a sólo tres meses de iniciado, para mover tierra desde el enterramiento de Piedras Blancas hasta el de Potrero del Estado.

El 13 de mayo de 2013 Agustín Catrambone creó otra empresa llamada Higyse SA, junto con Mauricio Boñanni, (ver Boletín Oficial del 17 de junio de 2013), que les vende a Crese, Lusa y Cotreco guantes, antiparras y delantales, y al Esop bolsas y otros elementos, por valores millonarios. Según la denuncia, Pascual Catrambone direccionaba las compras en favor de la empresa de su hijo desde el directorio de Crese. Afirma el denunciante que “obligaba a los empleados a pedir listas de precios a otras firmas y después hacía cotizar a Higyse” conociendo de antemano los precios de los competidores.

Además, Saillen y Catrambone padres encabezan como presidente y vice la Asociación Mutual del gremio, Amsurrbac. En el desempeño de dicha función, ambos fueron imputados en mayo de 2016 por “usura habitual y administración fraudulenta reiterada en concurso real” en la concesión de préstamos y manejo de dinero en la mutual sindical. Los denunciantes, afiliados al sindicato, indicaron que se les practicaban descuentos arbitrarios que destinaron a una actividad lucrativa en su beneficio, aplicando además intereses usurarios de más del 12% mensual.

Pero las dos investigaciones fueron a parar a manos del ex fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo, quien se libró de ser destituido gracias al voto de la presidente del Superior Tribunal en el Jurado de Enjuiciamiento. Poco después fue escandalosamente ascendido a juez de control con el voto en contra de los legisladores de Cambiemos, a excepción de los que responden a Mestre, que votaron a favor. Recientemente Hidalgo fue denunciado por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por su actuación en las causas Kolector, Lava Jato en Córdoba y Camino al Cuadrado, en las que estuvieron involucrados funcionarios del Gobierno provincial. Con los antecedentes de este fiscal tan funcional al poder de turno, no puede sorprender que las dos denuncias contra Saillén y Catrambone duerman el sueño de los justos hasta su olvido.

Las vinculaciones de Mestre con el Surrbac se demuestran también por el hecho de habernos obligado a los cordobeses a pagarles indemnización a los empleados de Cliba que pasaron a Crese en 2008, y de nuevo el año pasado a los de Lusa y Cotreco que pasaron al Esop, en ambos casos con la fuente de trabajo garantizada. No es necesario recordar a los cordobeses que el servicio sigue siendo cada vez más ineficiente y han vuelto a aparecer basurales a cielo abierto en toda la ciudad, cuyo número se estima en más de doscientos. Bien le cabe entonces al señor intendente el reproche de sor Juana Inés de la Cruz:

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo

y nota que no está claro?

El presidente Macri se ha mantenido prudentemente al margen del conflicto, seguramente porque sabe que los cordobeses somos quisquillosos y no nos gusta que desde Buenos Aires se metan en nuestros asuntos, pero también porque Mestre se ha convertido para él en una carga pesada. Si bien es radical y aliado suyo en la provincia que le hizo ganar la elección, el descrédito que se ha granjeado en la ciudad por su desastrosa gestión como intendente es más que evidente. En 2015 fue reelegido con apenas el 32% de los votos, cuando Macri sacó en la ciudad el 75% y en la actualidad el nivel de rechazo es muy alto.

Además, hoy complica la interna de Cambiemos al querer imponer como primer candidato a diputado a nacional a su hermano Diego Mestre, al que lanzó a la política nombrándolo en 2011 como director general del Área Central, una repartición creada por él para sacar a los vendedores ambulantes de la zona céntrica, cuyo nulo resultado se puede apreciar caminando por el centro. El apellido Mestre a la cabeza de la lista de Cambiemos sería garantía de derrota en la Capital.

El conflicto de los choferes parece haberse solucionado por el momento, aunque hay fundados temores de que se termine por acordar con los responsables la reincorporación de los despedidos y el pago de los días no trabajados, lo que sería una verdadera estafa a los sufridos contribuyentes, que veremos en definitiva salir de nuestros propios bolsillos los fondos destinados a ello. A lo que se añadiría el perverso mensaje de que los gremios pueden hacer con Córdoba y sus habitantes lo que se les antoje, sin pagar nada por ello, lo que constituye una verdadera invitación a continuar con sus comportamientos mafiosos.

Schiaretti, Llaryora y Mestre nos deben a los cordobeses una disculpa, porque no han honrado el juramento que hicieron al asumir sus cargos, de observar y hacer observar las leyes y la Constitución. Si Dios y la patria no se lo demandan, debemos hacerlo nosotros, por no haber sido capaces de garantizar la vigencia del estado de derecho y de preservar nuestras garantías constitucionales, sus primeros deberes.