A Decir Verdad Espacio de reflexión histórica y política

9Jul/170

Macri y las delicias del capitán Simonini

Por Edgardo Moreno

Cuando el escritor italiano Umberto Eco imaginó al capitán Simone Simonini, el personaje de su novela El cementerio de Praga, su país estaba gobernado por Silvio Berlusconi. Un populismo del que Italia se avergonzó cuando ya era tarde.

Simonini es un falsificador al servicio de los poderosos que requieren de su pluma documentos apócrifos para apropiarse de lo ajeno y difamar enemigos. Ofrece el arte imprescindible de la noticia falsa. Jamás faltará el exaltado que conspire, conviene sacar provecho de su ambición.

En la novela, termina contribuyendo a la elaboración del libelo que alimentó como ninguno el antisemitismo en Europa, los protocolos de los sabios de Sión. Una mentira folletinesca considerada real durante años sombríos.

Eco siempre se declaró sorprendido con una curiosidad histórica: en el momento en que se demostró la falsedad de ese libelo es cuando con más intensidad se asumió como verdadero. La prueba esgrimida por los fanáticos para decir que eran auténticos era que la prensa aclaraba que eran falsos.Al presentarnos al capitán Simonini, Eco sabía que estaba escribiendo sobre un pasado actual, en el que vivimos rodeados de falsarios. Y se reía porque su novela fue exitosa: o sus lectores estaban locos –de lo cual era constatación suficiente el voto a Berlusconi– o estaban viendo en el libro cosas que todavía suceden. Una época de verdades apócrifas y falsarios profesionales.

¿Quién sabe lo que diría Umberto Eco al ver el reciente encuentro de Donald Trump con Vladimir Putin?

El presidente estadounidense ha patentado una fórmula para maquillar la mentira. Cuando una verdad es evidente, pero no le conviene, dice que hay que considerar los “hechos alternativos”. Un adúltero filmado en flagrancia puede argumentar fidelidad alternativa.

Putin cultiva el mismo estilo. En su país, ya saben que no es tan grave lo que miente, sino el valor nulo que le asigna a la verdad.

Berlusconi era el mandamás de una corporación mediática. Trump es una mutación más evolucionada. Se sube al ring de los titanes para castigar a un falso reportero –un reportero alternativo– de la cadena de noticias CNN. Con cada movimiento que hace, el liderazgo estadounidense coquetea con el ridículo. El orgulloso pueblo norteamericano eligió para sí mismo el tiempo de la vergüenza.

Tampoco los personajes actuales con los que se deleitaría el capitán Simonini se restringen al exclusivo hospedaje del Grupo de los 20. En Corea del Norte hay un autócrata que juega con misiles y en Venezuela un dictador esotérico dialoga con los pájaros mientras silbando bajito envía fuerzas de choque al Parlamento.

Pero es en el club privilegiado de los 20 donde le acaban de entregar la llave maestra por unos meses al presidente de Argentina, Mauricio Macri.

El año que viene, el G-20 estará en Argentina. El rol de Macri, en representación del país, no será solamente el de organizador. Al anfitrión también se le permite opinar sobre la agenda.

La diplomacia argentina ya deslizó que la presidencia en el G-20 tendrá como ejes temáticos el trabajo y la educación. Suenan como enunciados incontrovertibles pero esconden un debate dramático: el más reciente capitalismo, en especial aquel que ya alcanzó mayores niveles de desarrollo, ha dejado de proveer la ilusión del pleno empleo. Precisamente porque el avance educativo, científico y tecnológico se adelantó a mayor velocidad que el diseño de nuevas herramientas de equidad social.

Trump es el emergente más notorio de las frustraciones sociales que engendra esa contradicción.

Cuando el personaje de Umberto Eco buscaba argumentos en los folletines del sombrío fanatismo de su época para elaborar su diatriba antisemita, llega a una definición terrible: es necesario darle un enemigo al pueblo para devolverle la esperanza. Y debe ser reconocido y cercano. Debe estar en el umbral de la casa.

Con el renovado auge global de esas pasiones deberá lidiar la presidencia argentina del grupo de países más importantes del planeta.

Con una solitaria ventaja. Dicen que pertenecer, también tiene sus privilegios. Obtener inversiones, abrir nuevos mercados, importar la innovación. No es Macri sino el país el que ahora asume el desafío de transformar esa frase publicitaria en un hecho comprobable.

Porque cuando al club lo presidían Barack Obama y Angela Merkel, Argentina se alineó con Hugo Chávez y Mahmoud Ajmadinejad, dos feligreses confesos de la gran conspiración mundial cuya persistencia actual sorprendería –aunque sin espanto– al capitán Simonini.

Fuente: La Voz del Interior

6Jul/172

¡Felices 444 años, mi ciudad!

Argentina es mi país y Córdoba es mi patria

Por Gonio Ferrari

En este cumpleaños y aunque pasen los siglos, ¡salud, mi ciudad, patria de siempre!

Debo jurar, por si es necesario, que pasan los años y en nada cambia mi homenaje de cada 6 de julio a esta ciudad donde nací, crecí, me malcrié protestando, trabajé y pienso despedirme de ella ni un minuto antes de lo establecido por el dueño de todos los relojes.

Desde que me acuerdo, y no son pocos años, lo digo desde el alma y con orgullo porque así lo siento: Argentina es mi país, pero la ciudad de Córdoba es mi patria.

Crecemos amando a la ciudad como es: anárquica y sensual; desordenada y doctoral; con humor de sobra para exportar y malhumor social para atender.

Ciudad aporreada por la desidia de los que dicen que mandan y por la anarquía que permiten esos mismos, los que creen que la gobiernan.Aquí en Córdoba anidan el orgullo de las raíces, la histórica arrogancia de sus luchas, la humildad mediterránea y las industrias del humor, del apodo, de los yuyos, del fernet y del cuarteto.

Y porque somos sus hijos, amamos a esta Córdoba magnética, romántica, mágica y soberbia, aunque la arruinen los que debieran mimarla y hermosearla.

Amamos a la ciudad avasallante que ejerce idéntica atracción en sus hijos adoptivos, en los que la visitan para después quedarse y en los que se aquerencian con el pretexto de estudiar.

Córdoba tiene la protectora calidez de una mamá.

También asume su condición de genuina madre sustituta.

Ciudad símbolo, ruidosa, altiva, insegura y sorprendente, quiero abrazar ese poco prolijo laberinto de tus barrios; los rumorosos bares de cada esquina; la estridencia de tus avenidas, los colores de tus clubes; el malo y caro transporte urbano; los candados de tus conventos; la pasión de tus políticos, la dañina insolencia de tu río cuando crece; la intemperie de tus villas; la sonoridad de tus campanas; el catálogo de tus baches; la penosa sorpresa de los cortes de luz; la casi permanente asamblea de los municipales; la golosa redondez de tus alfajores; la fiestera pachorra de tu Justicia; la inimitable contundencia de tu tonada; la frescura de tus estudiantes; la mentirosa solemnidad de tus doctores; la altivez de tus universidades; la columna vertebral de tu Cañada; la mugre sabatina de tu invadida peatonal; la añosa certidumbre de tus templos; tu maravillosa lozanía en el otoño; el silencioso abrigo del invierno...

Quiero, más que nada, confesarte cuánto te amo.

Por la generosa hospitalidad de tu tierra.

Por el linaje de esas cadenas que me atan a tu historia, a tus luchas, a tus días y a tu gente.

En este cumpleaños y aunque pasen los siglos, ¡salud, mi ciudad, patria de siempre!

Fuente: La Voz del Interior

5Jul/172

Cómo los gremios generan pobreza y desocupación

Por Eduardo Barbera

Todas las democracias sólidas y modernas tienen garantizados los derechos de los trabajadores en sus constituciones, buscando asegurar un salario digno, condiciones de trabajo y horarios aceptables y la libertad de agremiación para defender los derechos de quienes se desempeñan en relación de dependencia.

Pero como todo derecho, no es absoluto. Es relativo y los límites son el bien común y los demás derechos de la comunidad que los trabajadores integran. Por tanto, esos derechos están reglamentados, y las medidas de fuerza, paros y manifestaciones deben ser un último recurso luego de sortear todas las instancias previstas en las leyes.

En Argentina con el correr de los años, los gremios se consolidaron como una estructura de poder, tanto o más fuertes que las estructuras formales del Estado, a tal punto que pueden condicionar a gobiernos democráticos. Su actuación excede la protección de los derechos de sus representados como lo indica su mandato formal, para usar su poder para militar en política, proponer candidaturas, presionar por pautas presupuestarias y orientar políticas públicas según sus conveniencias partidarias.

Esto es más evidente aun en los sindicatos en las órbitas vinculadas a la administración pública, empresas estatales y servicios públicos. El reciente paro prolongado del transporte de la Ciudad de Córdoba fue un ejemplo claro del pensamiento predominante de muchos gremios, no sólo el del gremio del transporte.

No fue un caso aislado de un grupo díscolo de sindicalistas locales. Esta metodología de apriete y coerción, con los usuarios como rehenes indefensos, se repite en todo el país. El largo conflicto docente originado en la Provincia de Buenos Aires es otra muestra de manipulación política gremial.

El estado de conflicto permanente que se manifiesta en la Municipalidad de Córdoba con su sindicato que castiga a usuarios de servicios municipales sin piedad integra la larga lista de abusos del rol que debe cumplir el gremialismo serio y responsable.

Pero estos abusos no hubiesen sido posible si por años no hubiesen existido acuerdos de toma y daca con el sector político y la tutela complaciente y silenciosa del sistema judicial. Si no sería inexplicable que los principales dirigentes de los mayores gremios a nivel nacional no tengan ningún pudor en exhibir bienes y estilos de vida imposibles de justificar con su actividad gremial. Se trasforman en empresarios y estancieros con capitales cuyo origen no puede ser otro que el uso en beneficio propio de los mandatos que les asignan sus representados. Se mantienen en el poder por décadas. Aunque haya elecciones, no hay renovación posible contra semejante despliegue de poder e impunidad.

Este entramado de intereses cruzados entre la política, los gremios y la Justicia es percibido desde el exterior como la corrupción estructural y endémica de Argentina. Un esquema que fija reglas de juego que luego afectan el rendimiento cuando deben modelizarse posibles inversiones y se las comparan haciendo la misma modelización en otros países. Argentina queda muy atrás, aun respecto de países de la región en Latinoamérica.

El costo laboral en Argentina es alto, pero no por los que los trabajadores reciben en sus bolsillos, sino porque todas estas “supuestas conquistas sindicales” hicieron que el costo impositivo, tanto para el empleador como para el trabajador, sea tan oneroso que empuja al trabajo en negro. Se suma a ello el riesgo de los juicios laborales fraudulentos y el consecuente impacto en los costos.

Aunque en términos periodísticos resulte más espectacular ver los bolsos de José López arrojados en un convento o los dólares de Lázaro Báez en la Rosadita o los hoteles atribuidos a la expresidenta Cristiana Fernández, desde el punto de vista de la corrupción eso resulta anecdótico. Es mucho más grave para quien tiene que arriesgar su capital para generar nuevos puestos de trabajo saber que el tándem gremios-política-Justicia forman un eje que prioriza sus intereses por sobre los de la comunidad.

Y esto no sólo es válido para las grandes empresas extranjeras que el presidente Mauricio Macri busca convencer en sus visitas a distintos países. El desaliento a la inversión también lo padece una pequeña empresa familiar. Su temor a tomar nuevos empleados es por la misma causa. Mas del 70 por ciento del empleo en el país es generado por Pyme. Son ellas las que harían descender el índice de desempleo para reducir los actuales niveles de pobreza e indigencia. Pero los desempleados no tienen gremios que los representen y a la corporación sindical eso no le interesa.

Fuente: La Voz del Interior

2Jul/170

En el transporte de pasajeros, la brecha de fondos se mantiene

Por Rubén Curto

En el servicio de transporte, el enmarañado sistema de subsidios nacionales consolidó en los últimos años, tal como ocurre con otras tarifas (combustibles, electricidad), fuertes diferencias e inequidades sobre lo que pagan los usuarios de la provincia de Córdoba respecto de los precios acomodadísimos de sus pares del denominado Amba (ciudad de Buenos Aires y alrededores).

Esa brecha, expuesta en números, habla por sí misma. En marzo último, los colectivos del Amba recibieron un 38,5 por ciento más de subsidios que los de Córdoba. Por cada coche del área metropolitana, la Nación aportó 130.582 pesos, mientras que acá fueron 94.257 pesos por unidad.

El reparto desigual también se refleja en las proporciones: 77 por ciento de los subsidios totales va al Amba y el resto se gira al interior del país.

Otra forma de medir esa disparidad es mediante la porción de costos operativos del sistema que cubren los subsidios. En Buenos Aires, esa participación llegó a ser del 80 por ciento y en 2016 se redujo un poco: bajó al 68 por ciento, debido a la duplicación de tarifa que dispuso el Gobierno, al llevarla de los irrisorios tres pesos de entonces a los seis pesos que aún tienen vigencia.En Córdoba, los subsidios solventan alrededor de un 35 por ciento de los costos. Esa incidencia se considera “razonable” en función de referencias internacionales de países donde está blanqueado al subsidio estatal al transporte privado.

Es algo lógico, aceptable. Lo irracional es lo del Amba, donde la tarifa es poco menos que simbólica y todo funciona en base a subsidios”, apunta un empresario local.La disparidad tiene su reflejo inmediato en lo que pagan los usuarios. En Córdoba, el servicio urbano tiene una tarifa plana de 12,55 pesos (el doble del Amba). La plata de Nación apunta cada año a “calzar” los aumentos acordados en la paritaria de los choferes nucleados en UTA.

Más coches, menos plata

Las inequidades no se agotan en los montos de los subsidios. Hay otras aristas. Por ejemplo, la vigencia de una resolución de 2012 que literalmente “congeló” el universo de coches alcanzados por los subsidios, impidiendo así la actualización de la nómina por renovación e incremento de flota.

Ese ítem pegó con particular dureza en el caso de la ciudad de Córdoba, uno de los pocos distritos donde hubo licitación del sistema e incorporación de unidades. La situación derivó en un absurdo: las jurisdicciones donde hay inversión y se suman más unidades pierden.

Un tercer elemento distorsivo en el esquema de subsidios es que en Córdoba están fuera de ese beneficio, desde 2010, los coches interurbanos que cubren recorridos mayores a 60 kilómetros. Son 311 unidades que reciben “cero” aporte nacional.

La situación recién está por revertirse ahora, con la incorporación de ese segmento del sistema al grupo subsidiado.

El esquema de subsidios superconcentrados en Buenos Aires no nació ayer. Creció y se consolidó de la mano de la estrategia del kirchnerismo de apuntalar su clientela electoral porteña con tarifas a precio de regalo, solventadas por el resto del país.

Tal como le pasó en otras áreas (por caso, el gasto público), la declarada vocación de Cambiemos de corregir las distorsiones se quedó a mitad de camino.

La primera señal del actual Gobierno nacional fue un anuncio respecto de que iba a congelar la masa total de subsidios al transporte, y empezar a equilibrar la balanza, con tarifas más lógicas en el Amba.

Otra vez, los números. Desde 2014 a la fecha, la tarifa del urbano en Córdoba pasó de 5,30 pesos a 12,55 pesos (136,8 por ciento de incremento). En este caso, la secuencia inflación-costos-tarifa siguió su lógica implacable, al no aumentar los subsidios nacionales, ni haber aportes municipales.

En el Amba, en cambio, en 2014 la tarifa estaba a tres pesos –recorrido de hasta tres kilómetros– y en 2016 saltó a seis pesos. Fue un incremento del 100 por ciento, pero como excepción en medio de casi una década de tarifa “planchada”. De hecho, aún hoy implica la mitad del costo del viaje en Córdoba.

Freno de mano

Ese primer intento macrista por sincerar tarifas en el transporte metropolitano y acercarlas aunque sea un poquito a los costos reales tuvo luego un contrapeso.

Se amplió la denominada tarifa social, por la cual unos tres millones de usuarios pagan el viaje a 2,70 pesos, esto es, 30 centavos menos que la tarifa plana vigente antes de 2016.

Reciben ese beneficio los jubilados, titulares de Asignación Universal por Hijo, Jefe de Hogar, veteranos de guerra y monotributistas sociales. Lo hacen a través de la tarjeta Sube, que la Nación extendió también a distritos como San Juan, Catamarca y Corrientes, pero no así a grandes urbes como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

No lo hacen acá porque les crecería muy fuerte la cantidad de beneficiarios de tarifa social”, se quejó un funcionario de la provincia.

Los enormes beneficios de los usuarios del Amba, comparados con sus pares del interior, no se agotan en el costo de las tarifas. Tienen otras ventajas comparativas muy fuertes: mayor cantidad de flota, alto índice pasajero/kilómetro y recorridos cortos, que por lógica hacen más competitivos los servicios en esa jurisdicción.

Esto sin considerar la existencia de otras opciones de movilidad, que en Córdoba no existen, tales como trenes y subte, también fuertemente subsidiados por la Nación.

No hay que aumentar los subsidios en el interior. Lo que urge es desarmar esa lógica de seguir poniendo plata donde el sistema menos lo necesita para ser sustentable, como ocurre con el Amba”, graficó el titular de una prestataria urbana de Córdoba.

Fuente: La Voz del Interior

25Jun/173

Durán Barba, el momento Waldo y el gorila invisible

Por Edgardo Moreno

Ahora que Jaime Durán Barba ha conseguido que Cristina Fernández –nada menos–  
imite su formato de campaña electoral, a hora que la dirigencia política acude a leer con menos prejuicios sus reflexiones sobre la política en el siglo 21, tal vez convenga juzgarlo menos por sus declaraciones y más por sus publicaciones.

El más reciente manual de Durán Barba y Santiago Nieto no es un manual. Porque el gurú ecuatoriano es más que un gurú: es un apasionado por la conversación como estilo y método y cautiva con aquello que él mismo admira en el espíritu científico, la sed de maravillas.

Durán Barba ha recorrido un camino intelectual vasto, en el que recogió especialmente las derivaciones latinoamericanas de la ideología que marcó a su generación. La de Marx, Lenin y Gramsci, adaptada a la realidad regional.

Pero la constatación de la aceleración del cambio en el nuevo siglo es la novedad que presenta con todo el énfasis de un descubrimiento. Porque observa atónito cómo la política todavía la ignora.Que entre 2014 y 2016 la humanidad haya creado tanta información como toda la que pudo acumular desde la Prehistoria hasta 2014 no es un dato que la política esté en condiciones de desconocer sin pagar enormes costos.

Para Durán Barba estamos ante una bisagra histórica, que demanda la misma revolución del conocimiento que desencadenó Cristóbal Colón, quien “no sólo encontró nuevas tierras, sino que produjo un terremoto conceptual cuando descubrió la ignorancia, principio básico de la ciencia”.

A los políticos incapaces de percibir la intensidad de los cambios los compara irónicamente con 
Leo Allatius, el teólogo, astrónomo y custodio de la biblioteca del Vaticano, un monje como el venerable Jorge que imaginó Umberto Eco.

Un siglo después de Copérnico, Allatius sostenía que en el momento de la ascensión de Jesús a los cielos su santo prepucio, circuncidado cuando niño, se extravió, chocó con Saturno y se convirtió en sus anillos.

Esos políticos actúan como el califa Omar cuando ordenó incendiar la biblioteca de Alejandría: si las ciencias sociales que investigan la política coinciden con su propia doctrina, no sirven para nada porque repiten. Y si disienten, no tiene caso estudiarlas.

El mundo es completamente distinto del que vivimos en nuestra propia infancia, dicen Durán Barba y Nieto. Cuando se extingue un paradigma no se vuelven a discutir sus conceptos porque pierde sentido la polémica sobre su corrección. El oráculo que defienden con apasionamiento son las encuestas y sondeos de opinión pública. Todo allí se explica. Las estadísticas son la llave científica que puede ayudar a resolver el conflicto político.

Ocurre que esta inclinación por los estudios de opinión pública choca con una tendencia sobre la cual alertó William Davies, en un artículo publicado por el diario inglés The Guardian , a principios de este año.

La declinación de la autoridad de las estadísticas y de los expertos que las analizan está en el corazón de lo que se ha dado en llamar la posverdad”, afirmó Davies. Las estadísticas modernas nacieron con las democracias modernas. Con William Petty y John Graunt, tras la rebelión inglesa de Oliver Cromwell. Y con la obsesión por la medida de los jacobinos franceses. En esa obsesión se jugaba la idea de un gobierno centralizado y una sociedad igualitaria.

Davies señala que los esfuerzos para representar los cambios sociales en términos simples y con indicadores reconocibles están perdiendo legitimidad. Porque en el nuevo mundo –el mismo del Big Data que deslumbra a Durán Barba– los datos son capturados primero y las preguntas para investigar llegan después. Es un paso más allá de las encuestas que analizaba en sus orígenes el PRO, donde cada porteño era una cruz de multiple choice , fileteada a la vuelta del Obelisco.

Durán Barba profesa su fe política en los siguientes términos: “La democracia funciona cuando reemplazamos las verdades eternas con hipótesis que están siempre expuestas al escrutinio y a la posibilidad de ser desbaratadas cuando contradicen la realidad”.

¿Qué ocurre cuando esos cambios en los estados de opinión se aceleran hasta el vértigo? ¿Es suficiente con el deslumbramiento y la casuística electoral? ¿O conviene pensar nuevas teorías de la representación y la democracia?

Durán Barba no ensaya una respuesta. Dice que la gente es pragmática y no se interesa en teorías. Recomienda escribir programas escuetos. Que son necesarios para gobernar, no para mostrarlos en campaña. Porque los nuevos electores no se despolitizaron. Nunca estuvieron politizados.

En ese discurso navegaba la Argentina en la década de 1990 cuando la sorprendió la narración ideológica del kirchnerismo.

Para explicar los comportamientos grupales, Durán Barba alude al experimento del “gorila invisible”, de Christopher Chabris y Daniel Simons, dos psicólogos de Harvard. Ellos seleccionaron voluntarios para que viesen un juego de básquet en un video. Les pidieron que cuenten con precisión los pases de unos a otros, en cada equipo. Y filtraron con disimulo en el video una persona disfrazada de gorila. Concentrados en el recuento, la mayoría de los voluntarios no se percataron del gorila.

Durán Barba reclama la máxima atención a las encuestas. Pero la falta de desarrollo teórico es el gorila que aparece y no se alcanza a ver.

En la serie de televisión inglesa El espejo negro , los guionistas imaginan un futuro distópico, donde la tecnología arruina aquello que ya estaba peor.

En uno de sus episodios, aparece un personaje virtual, un dibujo animado, un oso azul. Se llama Waldo y es agresivo y procaz. Waldo no sólo tiene su propio show de televisión. Conecta con lo popular en las encuestas y los productores lo proponen como candidato: “No necesitamos a los políticos. Todos tenemos smartphones . Cualquier decisión que haya que tomar, la ponemos on line . Dejemos que la gente vote. Pulgares arriba, pulgares abajo. Eso es una verdadera democracia”. Waldo hace campaña desde una pantalla gigante montada en un camión. 
Le aparece de improviso al candidato oficialista, cada vez que sale a la calle a intentar un timbreo. Es la política en “el momento Waldo”.

Como concluye Davies, la batalla de largo plazo no será entre una política de hechos dirigida por élites y una política populista de sentimientos. “Sino entre aquellos que todavía están comprometidos con el conocimiento y la argumentación pública, y aquellos que sacan provecho de su continua desintegración”.

Fuente: La Voz del Interior

14Jun/173

MESTRE Y LA MAFIA SINDICAL

Por Prudencio Bustos Argañarás

La patética inoperancia del gobernador Schiaretti, el vice Llaryora y el intendente Mestre en el conflicto que mantuvo a la ciudad de Córdoba en manos de los dirigentes de la UTA, apoyados por los del Surrbac, ha pasado a ser uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente.

El gobernador no creyó necesario interrumpir sus vacaciones de otoño en Brasil y dejó la provincia en manos de Llaryora, cuya única acción fue promover una ridícula denuncia contra los tuiteros que subieron memes a las redes sociales. La tardía reacción de Schiaretti impulsando una ley para reglamentar el derecho de huelga en los servicios públicos muestra un retraso de casi treinta años. En 1989 presenté un proyecto en tal sentido en el Senado, que radicales y peronistas se negaron a tratar, y hoy la reacción de los aliados del gobernador en la Legislatura anticipa nuevas dificultades para su aprobación.

Mestre, por su parte, intentó sustituir la falta de ómnibus mediante un sistema alternativos de taxis colectivos que resultó un grotesco fracaso. En definitiva, los cordobeses debimos padecer más de una semana privados del transporte público de pasajeros, con la ciudad tomada por asalto y sumida en el caos, y un estado ausente e impotente que no supo cumplir con su deber más elemental, que es mantener el orden y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

También exhibió su incompetencia el Ministerio Público, mientras que el Poder Legislativo desnudó un retraso que se mide en décadas, como lo expliqué en una nota publicada en la versión digital de La Voz del Interior (http://www.lavoz.com.ar/opinion/el-estado-ausente-en-el-caos-gremial-de-los-choferes).

Pero en el caso del intendente subyacen algunas situaciones poco claras con los gremios en conflicto, que resulta necesario analizar. La relación de Mestre con los dirigentes locales de la UTA es decididamente mala. Los gremialistas lo acusan de ser el verdadero dueño de la empresa Ersa, que pertenecía al ex gobernador de Corrientes, Raul Tato Romero Feris, condenado a prisión por actos de corrupción en 1999 y acusado luego por vinculaciones con el narcotráfico. Afirman que Romero Feris trabó relación con el entonces interventor de Corrientes, Ramón Bautista Mestre, padre del intendente, que las  mantuvo.

Ersa, que fue favorecida en las adjudicaciones del transporte público de pasajeros de la ciudad, tiene además un acuerdo de cooperación con Autobuses Santa Fe (hoy Aucor), con lo que logró ocupar una posición dominante con el manejo de seis de los ocho corredores, lo que equivale al 75% del sistema. El ceo de Autobuses Santa Fe es Alejandro Rossi, hermano de Agustín Rossi, exministro de Defensa de Cristina Fernández

El concejal Esteban Dómina denunció serias irregularidades en la licitación, acusando a Mestre de haberlo hecho de “modo discrecional”, ”alterando  las reglas de juego”, con un resultado que contraría la intención original del sistema, que era evitar la concentración del servicio en una sola compañía. El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, por su parte, promovió acción penal contra Mestre y Ersa en setiembre de 2014, por defraudación calificada a la administración, mediante desvíos de subsidios de la Nación realizados desde agosto de 2013 hasta marzo de 2014, en que cesaron a raíz de una auditoría realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que confirmó la existencia de la operación fraudulenta.

Estos negocios turbios son mencionados por el ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, en una entrevista con dirigentes de UTA, cuya grabación ha circulado por las redes, pero ningún fiscal ha convocado hasta hoy a Sereno para tomarle declaración.

También en la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, barrido y limpieza de calzadas y la recolección, tratamiento y disposición final de residuos patógenos, hay sospechas de la existencia de situaciones irregulares, por cuanto la empresa Lusa (Logística Urbana S.A.), que desde 2012 presta en Córdoba dichos servicios, forma parte del Grupo Ersa. Pero a diferencia del caso anterior, la relación de Mestre con la dirigencia del Surrbac (Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba) era bastante más que cordial hasta estos últimos días.

El Surrbac mantiene un fuerte enfrentamiento con el sindicato de camioneros de Hugo Moyano desde el año 2012, en que este se distanció del kirchnerismo. Amparados por el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada, los recolectores lograron en tiempo record la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud para crear su propia obra social, llamada Ossurrbac, pero en noviembre último el fiscal ante la Justicia federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, hizo lugar a una cautelar pedida por Moyano, quien los acusó de falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita, delitos que investiga un juzgado Criminal y Correccional Federal.

Julio Mauricio Saillen, secretario general del Surrbac, activo militante del kirchnerismo y protagonista en las bochornosas jornadas que padecimos, adquirió una importante cuota de poder gracias a la presidente Cristina Fernández y logró que su hijo veinteañero, Franco Gabriel, fuera elegido legislador provincial, presidente de la Juventud Sindical Peronista y vocal de la comisión directiva del Surrbac.

Pascual Vicente Catrambone, secretario de Ramas y del Interior de dicho sindicato, es miembro del director de Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), creada por Giacomino en 2010, y de Cormecor (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba S.A.), inventada por Mestre en 2012.

El 24 de julio de 2014, Catrambone firmó como miembro del Surrbac un convenio con Crese, de la cual era director (ver Resolución N° 1655/2014 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Expediente Nº 393.272/14). Es decir, un contrato consigo mismo. Curiosamente, en la página web de Cormecor (http://www.cormecor.com/), Catrambone aparece como Pascual Vicente, sin su apellido.

Esta dualidad funcional de Catrambone no se detuvo allí. El 22 de junio  de 2016 un exempleado de Crese llamado Pablo Carrasco, lo denunció por negocios incompatibles con la función pública, al actuar como contratante y como proveedor, a través de terceros. El 30 de mayo de 2011 se constituyó la empresa Krates Constructora SA, cuyo presidente era Agustín Catrambone, hijo de Pascual y vocal del Surrbac al igual que su hermano Miguel Ángel, en sociedad con Omar Portillo (ver Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2011). En 2014 Pablo Luis Oviedo, allegado a la familia Catrambone, reemplazó a Agustín en la empresa. Krates, que nunca tuvo empleados pero sí doce vehículos (entre ellos, un Audi Coupé 3.2), se quedó en mayo de 2015 con un contrato que rescindió la empresa Federico S.A. con Crese, a sólo tres meses de iniciado, para mover tierra desde el enterramiento de Piedras Blancas hasta el de Potrero del Estado.

El 13 de mayo de 2013 Agustín Catrambone creó otra empresa llamada Higyse SA, junto con Mauricio Boñanni, (ver Boletín Oficial del 17 de junio de 2013), que les vende a Crese, Lusa y Cotreco guantes, antiparras y delantales, y al Esop bolsas y otros elementos, por valores millonarios. Según la denuncia, Pascual Catrambone direccionaba las compras en favor de la empresa de su hijo desde el directorio de Crese. Afirma el denunciante que “obligaba a los empleados a pedir listas de precios a otras firmas y después hacía cotizar a Higyse” conociendo de antemano los precios de los competidores.

Además, Saillen y Catrambone padres encabezan como presidente y vice la Asociación Mutual del gremio, Amsurrbac. En el desempeño de dicha función, ambos fueron imputados en mayo de 2016 por “usura habitual y administración fraudulenta reiterada en concurso real” en la concesión de préstamos y manejo de dinero en la mutual sindical. Los denunciantes, afiliados al sindicato, indicaron que se les practicaban descuentos arbitrarios que destinaron a una actividad lucrativa en su beneficio, aplicando además intereses usurarios de más del 12% mensual.

Pero las dos investigaciones fueron a parar a manos del ex fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo, quien se libró de ser destituido gracias al voto de la presidente del Superior Tribunal en el Jurado de Enjuiciamiento. Poco después fue escandalosamente ascendido a juez de control con el voto en contra de los legisladores de Cambiemos, a excepción de los que responden a Mestre, que votaron a favor. Recientemente Hidalgo fue denunciado por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por su actuación en las causas Kolector, Lava Jato en Córdoba y Camino al Cuadrado, en las que estuvieron involucrados funcionarios del Gobierno provincial. Con los antecedentes de este fiscal tan funcional al poder de turno, no puede sorprender que las dos denuncias contra Saillén y Catrambone duerman el sueño de los justos hasta su olvido.

Las vinculaciones de Mestre con el Surrbac se demuestran también por el hecho de habernos obligado a los cordobeses a pagarles indemnización a los empleados de Cliba que pasaron a Crese en 2008, y de nuevo el año pasado a los de Lusa y Cotreco que pasaron al Esop, en ambos casos con la fuente de trabajo garantizada. No es necesario recordar a los cordobeses que el servicio sigue siendo cada vez más ineficiente y han vuelto a aparecer basurales a cielo abierto en toda la ciudad, cuyo número se estima en más de doscientos. Bien le cabe entonces al señor intendente el reproche de sor Juana Inés de la Cruz:

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo

y nota que no está claro?

El presidente Macri se ha mantenido prudentemente al margen del conflicto, seguramente porque sabe que los cordobeses somos quisquillosos y no nos gusta que desde Buenos Aires se metan en nuestros asuntos, pero también porque Mestre se ha convertido para él en una carga pesada. Si bien es radical y aliado suyo en la provincia que le hizo ganar la elección, el descrédito que se ha granjeado en la ciudad por su desastrosa gestión como intendente es más que evidente. En 2015 fue reelegido con apenas el 32% de los votos, cuando Macri sacó en la ciudad el 75% y en la actualidad el nivel de rechazo es muy alto.

Además, hoy complica la interna de Cambiemos al querer imponer como primer candidato a diputado a nacional a su hermano Diego Mestre, al que lanzó a la política nombrándolo en 2011 como director general del Área Central, una repartición creada por él para sacar a los vendedores ambulantes de la zona céntrica, cuyo nulo resultado se puede apreciar caminando por el centro. El apellido Mestre a la cabeza de la lista de Cambiemos sería garantía de derrota en la Capital.

El conflicto de los choferes parece haberse solucionado por el momento, aunque hay fundados temores de que se termine por acordar con los responsables la reincorporación de los despedidos y el pago de los días no trabajados, lo que sería una verdadera estafa a los sufridos contribuyentes, que veremos en definitiva salir de nuestros propios bolsillos los fondos destinados a ello. A lo que se añadiría el perverso mensaje de que los gremios pueden hacer con Córdoba y sus habitantes lo que se les antoje, sin pagar nada por ello, lo que constituye una verdadera invitación a continuar con sus comportamientos mafiosos.

Schiaretti, Llaryora y Mestre nos deben a los cordobeses una disculpa, porque no han honrado el juramento que hicieron al asumir sus cargos, de observar y hacer observar las leyes y la Constitución. Si Dios y la patria no se lo demandan, debemos hacerlo nosotros, por no haber sido capaces de garantizar la vigencia del estado de derecho y de preservar nuestras garantías constitucionales, sus primeros deberes.

7Jun/173

¿Sirve la actual política económica para domar la herencia K?

Por Roberto Cachanosky

Desde el kirchnerismo se critica al PRO porque dicen que Macri mintió en la campaña. Es decir, prometió cosas que no hizo. Esta es una acusación absolutamente falsa porque, justamente, Macri nunca anunció una reforma del Estado, ni eliminar los planes sociales, ni reducir la cantidad de empleados públicos, ni volver a un sistema de capitalización privado de jubilaciones y cosas por el estilo. Solo dijo algo sobre las tarifas de los servicios públicos que ya el kirchnerismo había iniciado quitando algunos subsidios y luego apeló al voluntarismo de atraer inversiones, un cuento que alguien le hizo para no encarar los problemas de fondo suponiendo que el solo paso del tiempo los iba a resolver. Es más, el PRO, salvo unos pocos ñoquis, no echó a nadie del sector público, la estructura de la administración pública nacional aumentó un 25% y se enorgullece de tener más planes sociales que el kirchnerismo.

El kirchnerismo dejó una herencia terrorífica, a saber:

  • Tipo de cambio atrasado
  • Gasto público récord e ineficiente
  • Presión impositiva récord
  • A pesar de 3), déficit fiscal entre los más altos de la historia económica argentina
  • Destrucción del sistema energético
  • Destrucción de 12 millones de cabezas de ganado
  • Destrucción de las economías regionales
  • Empleo público récord
  • El gobierno kirchnerista dejó un 29% de pobres y 6,4% de indigentes
  • El stock de LEBACS, NOBACs y pases netos empezó con $ 10.000 millones en 2004 y terminó en 2015 con 300.000 millones. Multiplicaron por 30 la deuda del BCRA
  • Vaciaron el BCRA a punto tal que tuvieron que poner un cepo cambiario
  • Prohibieron la exportación de trigo y maíz induciendo el monocultivo
  • En vez de generar trabajo crearon generaciones de planeros que viven de subsidios y no saben lo que es trabajar
  • El atraso de las tarifas de los servicios públicos fue infinitamente mayor al que generó Gerlbard en 1973 que derivó en el rodrigazo de 1975
  • Nos robaron los ahorros que teníamos en las AFJP para financiar populismo
  • Los trenes chocaban dejando muertos
  • Llevaron al extremo la cultura de la dádiva
  • Es el gobierno más sospechado de corrupción de la historia argentina

Y el listado puede seguir. Ahora bien, frente a esta dramática herencia dejada por el kirchnerismo, el PRO tuvo un diagnóstico equivocado de la herencia que recibía del kirchnerismo subestimándola o cometieron un serio error en creer que los problemas se iban a solucionar solos con el solo requisito que Macri se sentara en el sillón de Rivadavia. Pensaron que la sola presencia de Macri y quitando el cepo iban a llover inversiones que harían crecer tanto la actividad que la recaudación aumentaría de tal manera que el déficit fiscal se solucionaba solo. Puesto de otra manera, asumiendo que tenían un relevamiento acertado de la herencia que dejaba Cristina Fernández, la forma de enfrentar esa herencia no fue ni es la adecuada. Para eso se requería cirugía mayor en materia impositiva, del gasto público y reforma laboral como mínimo. Además, la suba de la tasa de interés abortó el acomodamiento del tipo de cambio de mercado y complicó la salida por el lado de las exportaciones.

De las tres opciones que tenía el PRO para poner en marcha la economía: 1) consumo, 2) inversión y 3) exportaciones, la última era la más rápida para salir de la larga recesión de 5 años que dejaba el kirchnerismo y las que iban a permitir enfrentar reformas estructurales con menor impacto sobre la población. El consumo, llevado artificialmente hasta niveles insostenibles por Cristina Fernández iba a caer inevitablemente y la inversión iba a llevar su tiempo.

Desde el comienzo alguien le vendió a Macri que era políticamente imposible hacer reformas estructurales por el costo social que ellas implicaban sin evaluar el costo social de no hacer las reformas estructurales. Si el presidente hubiese tenido asesores más preparados hubiera advertido que el costo social de no hacer las reformas era más alto que hacerlas.

Por otro lado, se pueden hacer todos los argumentos políticos que se quiera para decir que no se pueden hacer reformas estructurales, pero la economía ignora todos esos argumentos. Si hay escases no es con pensamiento optimista que se soluciona el problema como pretende el filósofo estrella del gobierno o haciendo encuestas para ver qué opina la gente. Un estadista lidera el cambio, no sigue los caprichos que surgen de las encuestas.

¿Qué hacer ahora? En mi opinión terminar con esto de 6 ministerios en el área económica y poner un solo ministro que tenga una visión general del problema económico y cómo encararlo. El presidente no va a quedar opacado porque un ministro de Economía sea exitoso. En segundo lugar, ese ministro tiene que explicar claramente la herencia recibida y por qué hay que bajar el gasto público con planes de retiro voluntario en empleados públicos y un plan (hay varios trabajos al respecto) para ir reduciendo los llamados planes sociales. En vez de endeudarse para financiar el déficit fiscal, endeudarse para financiar la reforma del Estado. En vez de hacer obras públicas con deuda, convocar al sector privado para hacer esas obras. Primero se hace la inversión y luego empiezan a cobrar con peajes o las tarifas correspondientes.

Cambiar la legislación vigente y permitir que se hagan transacciones en cualquier moneda. El peso debe dejar de tener curso forzoso porque se necesita urgente una moneda para poder hacer operaciones de largo plazo.

Plantear una reforma laboral que estimule la contratación de personal para poder reducir la pobreza.

Convocar a la oposición a acompañar esta política para enfrentar la herencia recibida. Si una vez bien explicada la herencia, la oposición se niega a acompañar las medidas necesarias para frenar el sufrimiento de la gente, entonces quedará en evidencia que los responsables son los partidos opositores. Y de compromiso la oposición propone medidas absurdas se las denuncia. Pero para eso tienen que nombrar a un ministro de Economía que sepa comunicar. Que sea casi un docente.

En síntesis, los problemas no se van a solucionar solos con el solo paso del tiempo o endeudándose indefinidamente porque no hay posibilidad de endeudarse eternamente por más liquidez que haya en el mercado internacional. Tampoco van a llover las inversiones porque Macri sea presidente. Van a venir cuando no las maten con impuestos, haya infraestructura, estabilidad de precios y Argentina deje de ser tan cara en dólares por el retraso artificial del tipo de cambio real vía la tasa de interés.

Los problemas hay que enfrentarlos. No esperar a que se solucionen solos. Eso es lo que tiene que entender Macri. Y también tiene que entender es que si el plan económico es no tener un plan económico, es porque no entienden cómo funciona la economía y todas las variables están interrelacionadas, incluso con el flanco institucional.

Un punto antes del párrafo final. También hay que dejar de gobernar mirando qué dicen las encuestas. Acá no se trata de vender un detergente, se trata de adoptar medidas que requieren de estadistas que sepan liderar el cambio.

En definitiva, hace falta más ciencia y experiencia y menos humo vendiendo un falso optimismo y entusiasmo.

Fuente: Libertad y progreso

1Jun/174

Palabra de Bergoglio

Por Carmen de Carlos

Entre la indignación y el agotamiento. En ese lugar tan triste me coloca la última –una más– decisión del Papa con Argentina, su país. Francisco volvió a enviar una carta de solidaridad y ánimo a Milagro Sala, cacique presa desde hace año y medio por, entre otros delitos: intento de asesinato, asociación ilícita, incitación a la violencia, robo en banda, explotación de personas, vínculos con el narcotráfico y malversación de fondos públicos.

En la misma, su Santidad le asegura, “ comparto su dolor y sufrimiento” (sic) y le expresa sus “deseos de que todo se resuelva bien y pronto” (sic).

El mensaje, desde el Vaticano, a una persona que está probado que torturó, robó, saqueó, humilló y se aprovechó de los pobres, como lo fue ella antes de convertirse en el brazo armado del kirchnerismo en Jujuy (llegó a prender fuego a la Gobernación) , resulta decepcionante para la sociedad y frustrante para una Justicia que –ya era hora– intenta hacer su trabajo.

El Papa, que tan bien parece entender el planeta, tiene un problema con su país y Sudamérica. Los movimientos de Jorge Mario Bergoglio, desde que Mauricio Macri está en la Casa Rosada, dan la impresión de estar destinados a sembrar la discordia y no la concordia en su pueblo.

Buena parte de los compatriotas que le visitan en Roma –o los que lo hacen público– forman parte de esa red de corrupción y delincuencia, incluida Hebe de Bonafini, que se extendió por más de diez años en Argentina. Otros, como el ex embajador Eduardo Valdez o el legislador porteño Gustavo Vera, responden al odio visceral al actual gobierno.

Estos no dudan en ejercer de correa de transmisión del pensamiento crítico de Francisco contra un señor al que votó más de la mitad de Argentina y que con sus aciertos y defectos intenta sacar adelanta un país polarizado y hecho trizas.

El tiempo, en algún momento, permitirá que Jorge Mario Bergoglio vuelva a abrir los ojos en su tierra, como lo hizo cuando era arzobispo de Buenos Aires. Mirar para otro lado, por razones ideológicas u otras, suele tener consecuencias, como vemos en Venezuela, dolorosas y sangrientas.

Puede que el Santo Padre, que vive en Roma, no se dé cuenta de que, como reza la canción, le están matando a su paloma. Ojalá que sus “deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, como le escribió a Milagro Sala, se traduzcan en justicia verdadera y no impunidad para la mujer que sembró el terror en esa provincia norteña donde pronunciar su nombre, aún hoy, hace temblar a los honestos.

Fuente: Diario ABC de Madrid (sábado 27 mayo de 2017)

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4May/175

Un fallo valiente

Por Ricardo Lafferriere

La “escena” política parece haberse sorprendido con la sanción del fallo de la Corte Suprema que ordena la aplicación del cómputo doble a la detención sufrida en carácter de prisión preventiva, luego de haber transcurrido dos años en tal condición y sin haber recaído sentencia en una causa penal, a personas encausadas por delitos conocidos como de “lesa humanidad”.

La sanción de la Corte implica una gran valentía y un paso decisivo en la recuperación del estado de derecho.

Varios principios jurídicos de raíz constitucional y aún supraconstitucional juegan en esta decisión, que aunque tardía, viene a encarrilar situaciones de altísima injusticia que la democracia argentina no había logrado hasta ahora resolver adecuadamente. La igualdad ante la ley, la irretroactividad de las leyes, el principio de inocencia, la prohibición del abuso de la figura de la “prisión preventiva” y el principio de aplicación de la “ley más benigna” favorable al acusado.

Muchos de ellos estaban siendo violados, montados en una especie de condena extrajudicial previa, instaurada en el momento en que se comenzó a utilizar la figura de los derechos humanos para esconder tras ellos un proyecto de vaciamiento del país y apropiación delictiva de recursos públicos como no se tiene memoria en la historia argentina.

Quien esto escribe sufrió en su momento la represión del proceso. Fue detenido-desaparecido, y luego “legalizado” con la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Conoció desde adentro la fabricación de procesos amañados por la justicia militar, y –como muchos- añora la amistad de asesinados en la flor de su vida, con quienes había compartido militancia. Esto quiere decir que peleó cuando era el momento de hacerlo, reclamando la recuperación del estado de derecho, la vigencia de la soberanía popular y por la derrota de la dictadura.

Esto fue hace cuatro décadas. El país atravesaba un baño de sangre, desatado por la insurgencia a la que el poder constitucional de entonces resolvió combatir “hasta el exterminio”, dando las órdenes pertinentes a los jefes militares y policiales.

Eso sufrimos, y con una persistente militancia por la vida, la paz y la democracia, resistimos el fuego cruzado de la insurgencia y la contrainsurgencia, en tiempos de la guerra fría y la polarización violenta, pero logramos abrir una brecha de racionalidad para reducir el espacio del terror y comenzar, con el liderazgo de Alfonsín, la construcción de la democracia argentina moderna.

La bandera era la Constitución. El rezo laico era el preámbulo. Su concreción sería el estado de derecho rigiendo de una vez en la Argentina. Nunca más la arbitrariedad, la muerte, el autoritarismo, la persecución.

No debiera ser necesario mostrar pergaminos ni recordar la historia para hablar de estas cosas, pero la tramposa recreación del clima de esa época por el matrimonio cleptómano contagió la mente de muchos compatriotas que no recuerdan o no los vivieron. Años en los que –tal vez no esté de más evocarlo- mientras algunos sufríamos cárcel, estaban exilados, eran asesinados o desaparecidos, los grandes impostores de la década pasada hacían su fortuna ejecutando jubilados con créditos impagables invocando la “circular 1.050”, dictada por Martínez de Hoz.

Esa historia falseada provocó consecuencias y convirtió al “estado de derecho” también en una impostación. La propia ex presidenta lo reconoció al sostener que “un fallo así no hubiera sido dictado durante el gobierno anterior” (el suyo). Difícilmente sea imaginable una confesión más cínica sobre lo que fue la justicia “durante su gobierno”.

El país ha iniciado una nueva etapa de su historia, y va saldando sus deudas con el pasado. Era hora. Desde esta página lo veníamos reclamando hace varios años. No era justicia mantener a centenares de personas en el eterno limbo de la “prisión preventiva”, sin juicio condenatorio y sin presunción de inocencia, nada más que por la denuncia de dirigentes a sueldo que han bastardeado una historia épica y la han sumergido en un despreciable presente.

No es justo ni siquiera lo que se hizo con el propio Videla –que alguna vez firmó como presidente de facto mi detención “a disposición del PEN”, en 1976-. Dejar morir a un anciano inválido con más de ochenta años y enfermedades degenerativas en una prisión de aislamiento, sin atención médica, solo en medio de la noche, lo hubiera hecho tal vez él mismo. No podía hacerlo la democracia argentina, porque estaría cayendo en la misma inhumanidad que había demostrado el preso y por la que se lo penó.

Pero lo hizo.

Debe haber justicia. Debe actuar libremente. Deben castigarse los delitos. La impunidad es una de las principales causas del deterioro de la convivencia. Presos, los que deban que estar, luego de juicios limpios e imparciales, con acusación y defensa libres. La democracia argentina ha mostrado que puede hacerlo, abriendo juicios ejemplares como lo fue el de las Juntas Militares. Pero… con la ley en la mano. Con sus principios rigiendo sin interpretaciones caprichosas impulsadas por el “clamor popular”, inmedible en cuanto no se traduzca en leyes por los procedimientos constitucionales.

Había y hay que terminar con eso, sin perdón –si  no se pide por los que deben hacerlo y no se da por quienes podrían otorgarlo-, pero con el remedio que la civilización ha elaborado durante años de historia para terminar con la barbarie: la vigencia plena del estado de derecho. En este caso, significa acusación, principio de inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad, debido proceso, aplicación plena de la ley penal en forma igualitaria, jueces naturales imparciales “designados por la ley antes del hecho de la causa”, y cárceles “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Esto dice la Constitución a la que debemos respeto. Eso es el estado de derecho por el que luchamos y sobre el que podremos edificar nuestro futuro.

Por eso sostengo que este fallo es valiente. Se levantó contra el presunto juicio ético de una opinión pública prefabricada. Decidió que en la Argentina la ley se aplica a todos. No se atemorizó ante la segura reacción impostada de aquellos que hacen silencio cómplice con la represión sanguinaria de los parapoliciales de Maduro que prenden fuego a estudiantes que protestan y aplastan con tanquetas a ciudadanos que reclaman, pero se rasgan las vestiduras al ver que su gran impostura de la época pasada es superada por la historia.

Entristece un poco, sí, ver la confusión de algunos que –en todo su derecho, por supuesto- “condenan” el fallo. Tal vez sea confusión entre justicia y venganza, tal vez teman ser confundidos porque haya sido también confuso su papel cuando había que luchar en serio por los derechos humanos y miraban para otro lado. Tal vez estén realmente confundidos. O tal vez, simplemente, les falte la valentía democrática y republicana que mostró la Corte en este fallo. Dejo para lo último la menos agradable de las alternativas: que realmente crean que la democracia argentina debe actuar como lo ha hecho en esta última década. Con ellos me separa un abismo conceptual y de valores. El que separa el estado de derecho del autoritarismo, imposible de disimular con vestimentas ideológicas.

De todas maneras, lo que importa es que el estado de derecho se encamina a reglar nuevamente en plenitud la convivencia argentina, y eso es saludable.

Fuente: blog del autor

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1May/171

El ítem aula como antídoto a los paros docentes


Por Edgardo Zablotsky

Con el de paro docente del 11 de abril, en la provincia de Buenos Aires ya son 17, sobre 26 hábiles, los días sin clase. En otras provincias la foto es aún peor: Santa Cruz presenta 21 días sin clases y Neuquén, 22. ¿Será posible recuperar lo perdido? Es claro que no. El ciclo lectivo en realidad aún no ha comenzado. ¿Quién puede imaginarse que concurrir al colegio un día sí y otro no, en medio del clima que se vive, puede considerarse adecuado para ir a clases? ¿Qué niño puede aprender algo? Por supuesto, los de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad de oportunidades no es más que una utopía.

Es necesario enfrentar la realidad, la crisis de la educación argentina es de extrema gravedad y requiere cirugía mayor. Pero ello no es posible si primero no estabilizamos los signos vitales del paciente. Si bien la evidencia de muchos años nos muestra con contundencia que el hecho de que los niños estén en el aula no es garantía de que accedan a educación de excelencia, si ni siquiera tienen clases no hay posibilidad alguna de ello.

A los líderes de los sindicatos docentes no les interesa el bienestar de los alumnos, eso está claro. De lo contrario, utilizarían otras medidas para hacer escuchar sus reclamos, válidos o no, que el privar de clases indiscriminadamente a niños que se han convertido en sus rehenes. Ya se ha vuelto un hecho tan recurrente que no hace falta consultar el calendario. El otoño es anticipado por paros docentes, un rito que llega a casos extremos como el que estamos viviendo o a aquellos recordados 18 días de paro frente al inicio de clases en la provincia de Buenos Aires en 2014.

¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los chicos puedan tener clases? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro como su forma habitual de presionar, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Es claro que encontrar una respuesta a este desafío antecede a cualquier discusión de fondo en el terreno educativo.

Por suerte no es necesario apelar a nuevas ideas. Es mucho más sencillo replicar aquellas que funcionan que inventar nuevamente la rueda. En Mendoza, el denominado “ítem aula” se convirtió en un antídoto efectivo frente a los paros docentes a nivel nacional que castigan en varias provincias el comienzo del presente año lectivo.

¿En qué consiste? La medida fue instrumentada por el gobernador Alfredo Cornejo a principios de 2016, cuando otorgó, por decreto luego convertido en ley en una reñida votación de la legislatura provincial, un 32% de incremento a los docentes, a efectivizarse en varios tramos. Parte de dicho aumento consistía en un adicional salarial remunerativo y no bonificable que sería percibido solamente por quienes no faltasen a clases más de tres veces al mes, o diez veces al año, y que representaba el 10% del salario.

A partir de entonces, a pesar de las protestas y las acciones legales que generó (algunas de las cuales aún están en curso), el ítem aula quedó incorporado al sueldo, reduciéndose considerablemente el ausentismo y transformándose en un eficiente antídoto contra la adhesión de los docentes mendocinos a los paros decretados por los gremios con representación nacional.

Es claro que frente a la realidad educativa de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde el ausentismo docente trepa al 17% y cumplir en clima de paro con los 180 días de clase resulta una meta inalcanzable, un instrumento como el ítem aula sería ideal para lograr que al menos los chicos puedan asistir a las escuelas.

Parece poco, pero sin los niños sentados regularmente en sus pupitres no es posible siquiera comenzar a discutir las reformas de fondo que necesita la educación argentina. Estabilicemos los signos vitales del paciente, de lo contrario, no hay chance de que la operación mayor que requiere tenga alguna posibilidad de éxito.

La gobernadora María Eugenia Vidal planteó una propuesta imbuida de esta lógica durante las frustradas negociaciones con los sindicatos docentes. Es tiempo de dejar de negociar y enfrentar la realidad. No es posible que año a año festejemos cuando los paros terminan y finalmente las clases comienzan. No importan quienes son los coyunturales ganadores en el conflicto, importan quienes siempre son los perdedores: millones de nuestros niños, para los cuales la fantasía de la igualdad de oportunidades generada a partir de educación de calidad para todos se aleja cada día un poco más.

Fuente: Libertad y Progreso

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