A Decir Verdad Espacio de reflexión histórica y política

12Jul/110

Liberalismo y justicia social

(Publicado en La Voz del Interior el 7 de junio de 1985)

Es frecuente advertir entre los liberales cierta resistencia al uso de la expresión justicia social, atribuible en parte a aquello de que la justicia es una, sin aditamentos, y también a que detrás de ella suelen sospecharse ciertas tendencias demagógicas. Ello no obstante, el término ha hecho carrera y se ha difundido en grado tal, que resultaría anacrónico pretender borrarlo hoy de nuestro vocabulario político. Antes bien, parece conveniente que procuremos precisar su significado y sus alcances, previo proceder a su análisis.

El sentido con que la susodicha expresión es usada actualmente entre los argentinos alude a un conjunto de leyes y de disposiciones que establecen y defienden los derechos del trabajador en relación de dependencia y que tienden a evitar su explotación y a atenuar los desequilibrios económicos que existen entre los hombres.

Hasta aquí la cosa no parece ofrecer aristas conflictivas, toda vez que los fines enunciados difícilmente puedan dejar de compartirse. Así entendida, la justicia social bien puede incorporarse a la lista de los grandes avances de la humanidad, a condición de que su implementación se observen cuatro requisitos. Primero: que los derechos por ella instituidos no avancen sobre los derechos de los restantes miembros de la sociedad. O dicho de otra manera, que no generen una situación de privilegio de un sector con respecto a otros. Segundo: que los beneficiarios de tales derechos no deban, para acceder a ellos, resignar su libertad en manos del estado. Tercero: que esos mismos beneficiarios tengan siempre presente que son legítimos acreedores a dichos derechos en tanto y en cuanto satisfagan sus deberes para con la sociedad, que les garantiza su ejercicio. Cuarto: que el auténtico principio de igualdad no sea sustituido por un falso igualitarismo, alterando la proporción entre el esfuerzo realizado y el beneficio obtenido.

De no cumplirse el primero estaremos ante el planteo marxista, que a través de la lucha de clases procura instaurar una dictadura del proletariado, es decir, una inversión en los términos de la injusticia preexistente y no su desaparición. De faltar el segundo aparece una situación común a todos los totalitarismos, esto es, la sustitución del explotador sin eliminar la explotación. A su vez, la ausencia del tercero socava los cimientos mismos del orden social, al pervertir a los miembros de la sociedad abonando el camino de la anarquía. Mientras el incumplimiento del cuarto, por último, termina por privilegiar al indolente y desalentar al empeñoso, eliminando el estímulo de la sana competencia.

Fácilmente se deja ver en estas cuatro condiciones un denominador común: el riesgo de que una justicia social mal entendida termine por subvertir los dos términos que la definen, en cuyo caso no será ya ni justicia ni social, es decir, no propenderá a dar a cada uno lo suyo, atendiendo al bien común, fin último de la sociedad.

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               Permítaseme aquí interrumpir el hilo del discurso para introducir una digresión que estimo oportuno.

No resulta en absoluto casual que los dos exponentes más elevados de la convivencia humana, la justicia y la libertad, sean hoy enarbolados como banderas por sus más encarnizados enemigos. Esta falacia aparece como una de las perversiones políticas más notables de nuestro tiempo. Los tiranos de la antigüedad no disimulaban su condición de tales y sin ser por ello moralmente mejores, no aspiraban al menos, a aparecer justos. Por el contrario, al combatir abiertamente a la justicia y al procurar el sometimiento de los hombres libres contribuían, aun sin quererlo, a estimular las ansias de justicia y libertad. Las modernas tiranías se han vuelto más sutiles, aunque no menos crueles y han adquirido dos nuevos caracteres: son demagógicas y totalitarias, lo que les permite, mediante el halago fácil, el soborno y la extorsión de su poder omnímodo, anestesiar la capacidad individual y colectiva de luchar en defensa de aquellos valores conculcados. He allí el gran drama contemporáneo. La libertad y la justicia se han convertido en la excusas para su propia destrucción. En su nombre y pretextando su defensa, medran las liberticidas de hogaño y los apóstoles de la injusticia.

Una mención especial merece el estado benefactor y paternalista de los regímenes populistas, que sin llegar a aquellos extremos, administra los derechos de los ciudadanos a guisa de dádivas graciosas de loa gobernantes. Y a fuerza de dejarse tratar como incapaces, acaban los hombres y los pueblos por comportarse como tales.

 

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Definidos así sus límites, la justicia social se inscribe como una de las aspiraciones constantes en el curso de la historia. Una atenta mirada retrospectiva descubre en la humanidad una evidente tendencia hacia formas de convivencia social cada vez más justas. Hasta la esclavitud, una de las instituciones que más repugna hoy nuestra conciencia, hace su aparición en el mundo como un avance social, al sustituir la costumbre de eliminar al vencido por la de conservarle la vida y utilizar su trabajo en beneficio del vencedor. A su tiempo será reemplazada por la servidumbre y ésta por el trabajo remunerado, para señalar sólo las notas más sonoras de este crescendo ininterrumpido.

Y en la cronología de este progreso social se hallan grabados con caracteres indelebles los principios de igualdad y de solidaridad y los derechos del hombre, preconizados y hechos realidad por el liberalismo, inspirado en conceptos semejantes que, en el plano sobrenatural, había introducido ya el cristianismo.[2] De allí que el contenido social que de él se desprende, halle sustento y ponga particular énfasis en una genuina valoración de la dignidad del hombre, aspirando a convertirlo en protagonista de su propia superación y no en objeto pasivo de una beneficencia degradante.

Pero por las razones expuestas y a los efectos de este análisis, poco interesa a qué sistema político o a que gobierno le corresponde el mérito de tal o cual logro social, como dentro de cuál de ellos se facilita su auténtica vigencia, supuestos los requisitos arriba descritos.

Circunscribiendo este interrogante a la Argentina contemporánea, cabe preguntarse, por ejemplo, de qué sirven nuestras magníficas leyes que protegen al trabajador contra el despido sin causas, si al quebrar la empresa en que se desempeñen por los desbarajustes económicos de los gobiernos populistas, igual perderá su empleo. O qué vigencia real tiene el precepto constitucional del salario mínimo, vital y móvil si no hay quien pueda abonar sueldos dignos, y a los pocos que aún subsisten, la inflación acabará por aniquilarlos.

La respuesta a ambas preguntas es una y categórica: cualquier legislación social resulta inaplicable y deviene retórica hueca en un país empobrecido, o lo que es peor, en un país que ha perdido su capacidad de generar riquezas.

Urge pues crear las condiciones para que la prosperidad y el desarrollo hagan nuevamente posible la justicia social. Para que el obrero viva tranquilo en la seguridad de que, por sobre la letra de la ley, si hoy perdiera su trabajo mañana hallará otro igual o mejor. Y que su empleador le pagará tanto o más que lo que la ley le exija, ante el riesgo de que su competidor se lo lleve.

Y es aquí donde surge una vez más el liberalismo, no sólo como la propuesta política que, al decir de Ortega y Gasset representa la mayor voluntad de convivencia, la que abolió la esclavitud, transformó la sociedad feudal en industrial y eliminó los privilegios de sangre, sino fundamentalmente como el proyecto capaz de hacer posible el crecimiento y la abundancia que conviertan a la justicia social en realidad palpable. Entonces quizás sí resulte ya superfluo y obsoleto el término y, como antaño, nos baste con llamarla Justicia, a secas.

 Prudencio Bustos Argañarás



[1] Un claro ejemplo de ello se padece hoy en la Argentina merced a una política salarial que prohíbe al empleador premiar con mejores remuneraciones al trabajador esforzado y responsable, fundada en una interpretación capciosa del artículo 14 bis de la Constitución nacional, cuando establece el principio de "igual remuneración por igual tarea".

[2] Cfr. muestro artículo, Cristianismo y Liberalismo, en Pregón Franciscano, Córdoba, abril de 1985.

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