A Decir Verdad Espacio de reflexión histórica y política

11Jul/111

Una estafa al federalismo

(Publicado en La Voz del Interior, 8 de abril de 2010)

Cuando en 1853, después de décadas de desencuentros y guerras civiles el país logró darse una Constitución, las provincias –con la excepción de Buenos Aires, que se separó– dieron forma a la Nación, resignando para ello algunas facultades, tales como sancionar leyes sobre comercio y navegación, establecer aduanas provinciales, acuñar moneda y emitir billetes sin autoridad del Congreso (art. 108). Sin embargo, conservaron expresamente “todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierna federal” (art. 104).

Entre esos poderes no delegados estaba el de cobrar impuestos, que se reservaron para sí. La Nación se financiaría con el producto de los derechos de importación y exportación, de la venta y locación de tierras de propiedad nacional y de la renta de Correos. Pero ante la posibilidad de que se produjeren situaciones de excepción, tales como guerras, catástrofes naturales, etc., en que fuere necesario aumentar los recursos nacionales, facultaron al Congreso a crear contribuciones equitativas y proporcionales, con la debida aclaración de que sería sólo “para urgencias de la Nación” (art. 4).

A esa excepcionalidad la reiteraron en el artículo 67, que fijaba las atribuciones del Poder Legislativo, cuando en el inciso 2 lo facultaban para “imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado la exijan”.

La excepcionalidad y la transitoriedad las reservaba para aquellas ocasiones en que la defensa, la seguridad o el bienestar general “se ofrecen con caracteres graves o urgentes”, al decir de Joaquín V. González. También para Juan Bautista Alberdi las contribuciones directas impuestas por la Nación, “la Constitución sólo las admite en el carácter de contribuciones extraordinarias”. Además, la norma se refiere a impuestos directos, o sea los que se cobran directamente a las personas de derecho (p. ej., el impuesto a las ganancias). Los indirectos –es decir los que gravan actividades, tales como el IVA– ni se mencionan.

Las periódicas crisis económicas sirvieron de excusa para que el Congreso utilizara esa facultad excepcional y creara impuestos directos –y también indirectos– que lejos de ajustarse al requisito de la transitoriedad, devinieron permanentes.. La Nación decidió entonces devolver a las provincias parte de esos recursos que les quitaba, naciendo así la coparticipación federal de impuestos, una limosna para suavizar el despojo.

El gobierno nacional fue avanzando lenta pero inexorablemente sobre las provincias con la tolerancia de éstas, cuando no con su complicidad. El sistema federal de la Constitución fue cediendo en favor de un centralismo creciente que terminó por convertirlo en letra muerta.

Al no cumplir con las condiciones exigidas por la Constitución, esos impuestos resultaban ilegítimos, lo que dejaba la posibilidad de que en algún momento las provincias recuperaran sus facultades fiscales primigenias. Pero hete aquí que en 1994, dos señores poderosos se reunieron en la residencia presidencial de Olivos y firmaron un pacto en el que acordaron reformar la Constitución, beneficiándose a sí mismos. Uno de ellos logró la reelección que le estaba prohibida y el otro consiguió para su partido, que por entonces era el segundo más votado, una banca de senador nacional por provincia.

Ya de suyo era grave que los intereses de dos personas condicionaran una modificación constitucional de toma y daca, pero más aún lo fue la incorporación de cambios que sepultaron definitivamente el federalismo fiscal. Uno de ellos fue el operado en el texto del inciso 2 del ahora artículo 75, que autoriza al Congreso a imponer contribuciones indirectas “como facultad concurrente con las provincias”, lo que antes le estaba totalmente prohibido, y contribuciones directas, con las mismas restricciones que establecía el texto anterior.

En vez de hacer cumplir las disposiciones de nuestra Carta Magna y restituir a las provincias las facultades que les habían sido arrebatadas, los constituyentes convalidaron el despojo y le dieron rango constitucional. De allí en más la historia es conocida.

La voracidad del actual gobierno nacional ha superado todos los límites imaginables. Las provincias languidecen en la pobreza y los gobernadores están sometidos a una verdadera extorsión para obtener la promesa de pequeñas dádivas a cambio de apoyo político. A tal grado de discrecionalidad ha llegado la distribución de impuestos, que las afinidades y simpatías del matrimonio gobernante establecen el monto que cada jurisdicción recibe. Córdoba está discriminada al extremo de que en el año 2007, cada porteño recibió de

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Comentarios (1)
  1. Creo que el artículo está incompleto. Me quedo con la intriga: “cada porteño recibió de…”


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